El descalabro de Interbolsa revive los cuestionamientos sobre el papel que debió jugar la Superintendencia de Valores. Una polémica similar surgió en torno a la responsabilidad de la de Salud ante la crisis de Saludcoop.
Yendo más atrás, la Supersociedades tampoco salió bien librada de la quiebra del grupo Nule. Estos tres ejemplos, de grueso calibre, permiten cuestionar la función de estas entidades.
Desafortunadamente, al parecer no solo están fallando en situaciones catastróficas sino que también dejan mucho que desear en casos cotidianos que afectan a los ciudadanos de a pie. En el último mes dos personas me han contado historias que reflejan la inoperancia, ineficiencia e indolencia de estas entidades.
El primer caso involucra a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y tiene que ver con un permiso de movilización de un carro blindado que debió conceder en marzo.
La entidad confundió el concesionario con la empresa que había realizado el blindaje y negó el permiso. El propietario presentó un recurso de reposición aclarando el papel de las entidades, ocho meses después no ha recibido respuesta- hace 6 se le venció el plazo a la Superintendencia. El segundo caso se registra en la Superintendencia de Servicios Públicos en Cali.
Un querellante presentó un recurso en marzo, los términos vencieron en mayo y a la fecha la entidad no emite ningún concepto. En ambos casos, los ciudadanos enfrentan graves alteraciones de sus vidas cotidianas con afectación de sus derechos constitucionales. La naturaleza de las superintendencias es vigilar, evitar que las cosas sucedan, proteger a los usuarios y sobre todo asegurar la confianza pública en los servicios que el Estado ha delegado en terceros.
Entonces, ¿Qué camino le queda a un colombiano cuando lo que no funciona es la última instancia?
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