En buena hora se pronunció el Procurador con respecto a la necesidad imperiosa de que el Estado pague las deudas que tiene con el sistema de salud, que suman 11 billones de pesos, de los cuales cerca del 55% se encuentran en mora.

El ministerio público expresó que son las deudas existentes las que han conducido a que EPS e IPS vean deteriorados sus estados financieros y embargadas sus cuentas por parte de proveedores, generando las deficiencias en la prestación de los servicios de salud, la interrupción de tratamientos y la negación de medicamentos. Estas declaraciones contrastan con las entregadas por el Superintendente, según las cuales se deben sancionar a las entidades que se nieguen a capitalizar afectando la prestación del servicio.

La función de la Superintendencia es vigilar el funcionamiento de las entidades, pero resulta inaceptable que, representando al Gobierno, le traslade a los privados toda la responsabilidad de la debacle en el sistema a sabiendas de que la crisis la ha producido el incumplimiento del Estado en el flujo de los recursos. Los gobiernos, el actual y los anteriores, han tomado el camino cómodo.

Hacen populismo aprobando derechos a los usuarios para ganar votos, escurren el bulto para asignar y girar los recursos y ponen de carne de cañón a los prestadores para que lidien con la insatisfacción de los usuarios con su prestigio y bolsillo. Un Estado que no paga, pero sanciona tiene a las EPS en la quiebra, al personal de la salud al borde del colapso y a los usuarios en la lucha, pero sigamos pensando que nuestro problema es “Santrich”.

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