Un flaco servicio le está prestando el doctor Santos a la democracia colombiana.
El olímpico desconocimiento de la decisión de los ciudadanos a favor de la continuidad de las políticas de la administración Uribe le causó una herida profunda a la credibilidad en los mandatos electorales.
E inventarse varias falacias para edificar sobre ellas su aspiración a la reelección es, sencillamente, echarle sal a esa herida. Muy orondo dice ahora que quiere terminar la tarea.
Pues es inevitable decirle que esa no es la razón para reelegirlo, sino la causa para impedir que siga ocupando la jefatura del Estado.
A Santos no se lo eligió para que hiciera lo que está haciendo. Se lo hizo depositario de la confianza de más de 9 millones de colombianos con el fin de que continuara aplicando la política de seguridad democrática.
Para que, en materia de conversaciones con las farc, siguiera exigiendo la cesación unilateral de las acciones criminales del terrorismo como condición inamovible para iniciar un proceso.
No para que se sentara en la mesa a negociar políticas públicas al mismo tiempo que los violentos siguen asesinando.
Hoy, quién lo creyera, gobiernan los perdedores, y los ganadores se han visto obligados a convertirse en oposición democrática por haber cometido el pecado de creer en la palabra de Santos.
Ya es claro para la inmensa mayoría que la gran definición será entre el camino de la paz sin impunidad y el de la paz con impunidad.
La primera sería estable y duradera; la segunda produciría nuevas atrocidades, toda vez que haría caso omiso del nuevo paradigma, según el cual, en tiempos de violencia, la justicia se necesita y se justifica para evitarlas.
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