En las últimas semanas, el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano han sido testigos de una escalada de violencia que no podemos tolerar.

Los recientes hostigamientos en Jamundí, el reclutamiento de menores en Cali, el atentado en Dagua y las tragedias continuas en el Cauca son hechos repudiables que han sembrado temor y desolación en nuestras comunidades.

Como diputado del Valle, me uno al clamor de nuestros ciudadanos por un entorno seguro y pacífico. No podemos permitir que los delincuentes sigan agobiando a los vallecaucanos y al resto de la población del suroccidente colombiano.

Es nuestro deber proteger la vida y el bienestar de nuestra gente, y para ello, debemos actuar con firmeza y determinación.

A nivel departamental, se han aumentado las acciones para contrarrestar esta ola de violencia. Se han implementado refuerzos en la fuerza pública y se han determinado toques de queda en las zonas más afectadas.

Una solución más contundente requiere un enfoque integral y coherente que incluya el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la mejora de la inteligencia y la colaboración estrecha con la fuerza pública.

Necesitamos que el gobierno nacional tome una postura más decidida y contundente. Es imperativo que se dispongan de mayores recursos y apoyo logístico para combatir a estos grupos al margen de la ley que siembran el caos y la inseguridad.

El Valle del Cauca y el suroccidente colombiano merecen vivir en paz. No podemos permitir que el miedo y la violencia sigan dictando el ritmo de nuestras vidas.

La lucha contra la violencia y la criminalidad es una tarea ardua, pero no podemos desfallecer. Es nuestra responsabilidad asegurar que nuestros hijos crezcan en un entorno seguro y en paz.

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