No sería justo ni sensato achacarle la inseguridad y la violencia que vivimos en las grandes ciudades del país a lo que está pasando con los acuerdos de paz y la desmovilización de las Farc. Durante décadas el robo fleteo, los asesinatos, el asalto a residencias y a negocios, atracos en los medios de transporte, las riñas callejeras, la extorsión y el boleteo, entre otras modalidades han sido modalidades de delito que están presente en nuestras ciudades.
Solamente las cifras de muertos en las ciudades colombianas superaron por muchos años a las que se registraban por los combates con los grupos insurgentes y los paramilitares. Sin embargo, es muy preocupante como en los últimos meses se han incrementado estos delitos en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, coincidente con los procesos de desmovilización de guerrilleros.
La experiencia vivida en la terminación de conflictos en Centroamérica nos indica que se incrementaron las bandas criminales en las zonas urbanas, problema que hasta la fecha está presente en países como el Salvador y Nicaragua con las denominadas maras, que no son sino otra cosa que grupos delincuenciales organizados por excombatientes guerrilleros, apoyados en el reclutamiento de jóvenes de barrios marginales acosados por la miseria y la exclusión, donde el delito es su principal actuar, combinando toda forma de ataques a la integridad humana y patrimonial, con el ejercicio del microtrafico de estupefacientes.
Es vital que el gobierno colombiano y la sociedad en general entienda que tenemos un enorme desafío en esta materia, que los esfuerzos en el postconflicto deben estar orientados a la atención integral de los grupos más vulnerables brindándoles oportunidades diferentes a las que seguramente la delincuencia ofrecerá, no solo con videocámaras se debe prevenir y combatir este flagelo.
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