La sal corrompida

Cada que un funcionario público recibe un requerimiento de un organismo de control le genera cuanto menos una taquicardia y, una vez recupere el reposo, debe dedicarse con aplicación a absolver las dudas, inquietudes o preguntas acerca de cualquier asunto de su competencia, sin que sus respuestas, por fundamentadas que sean, lo libren de eventuales investigaciones.

Estos contrapoderes aparecen para garantizar no solo la pulcritud en el ejercicio de lo público, sino también, el equilibrio institucional del estado colombiano, con base en la inspiración democrática que animó nuestro estatuto constitucional.

Pero cuando ocurre que estos catones de la moral pública dedican su enorme poder inquisitivo a conocer y juzgar todo lo que se mueve, a partir de sus credos doctrinales, políticos o religiosos y -no pocas veces- movidos por sus pequeños y mezquinos intereses, entonces viene el descuaderne.

¿Con qué moral un funcionario debe aguantarse las pesquisas de un ente que obró como en el caso de los alcaldes de Bogotá y Medellín con probada animosidad política? ¿Cómo aceptar resignadamente la ponderación ética de un organismo que cuando se trata de examinar el escandaloso comportamiento de un funcionario como Pretelt no actúa con la misma compulsión? Pero, lo más grave, ¿cómo entender que el señor procurador Ordoñez, que ha inhabilitado y sancionado a decenas de funcionarios públicos en toda Colombia y no deja dormir tranquilamente a otro tanto, se niegue a aceptar, como él mismo le  reclamaría a cualquier servidor público en circunstancias similares, el proceso de nulidad que se adelanta ante el Consejo de Estado por el famoso carrusel de nombramientos orquestado desde su despacho argumentando absurdos como: la treta entre Santos y las Farc para sacarlo, insultando una vez más nuestra subestimada inteligencia?

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