Reconociendo que el sistema de salud actual necesita una reforma, pretender que la solución pueda estar en el proyecto de ley 010 que tramita el Gobierno en el Congreso para transformar el sector, está lejos de esa posibilidad.

Es por ello que luego de escuchar el clamor de la opinión pública y de las comunidades en los territorios, desde el partido de la U hemos decidido no votar esta reforma, porque no soluciona estructuralmente las necesidades en salud de los colombianos como tampoco desarrolla la Ley 1751 de 2015 que regula, garantiza y protege el derecho a la Salud.

Si bien el aseguramiento en el país tiene un alcance mayor al 95%, el acceso efectivo a la salud está lejos de esos porcentajes, sobre todo en poblaciones étnicas, rurales y dispersas. Por ejemplo, en 2020 la mortalidad materna en Colombia era de 42 por 100 mil nacidos vivos, pero al fijarnos en regiones como Amazonas, Chocó y Vaupés, llegan incluso a alcanzar los 100.

En mi opinión, se debe apuntar a que las personas sean el centro del Sistema. Por eso es necesario que dentro del sistema de salud en Colombia existan garantías de independencia entre los distintos actores que lo componen, para que las responsabilidades sean complementarias y no compartidas y así garantizar el cumplimiento de dichas responsabilidades.

Para ello, propongo que las EPS cumplan su papel de asegurador, realizando gestión del riesgo, garantizando la prestación de los servicios en salud y vigilando que sus afiliados tengan calidad en su salud. Pero lo que no debe hacer es prestar servicios (Integración vertical). Para hacerlo, tendría que medir indicadores de salud a sus afiliados y con esto verificar si se está generando disminución de la morbimortalidad de las personas.

Precisamente, la prestación del servicio debe ser integral. No puede haber barreras administrativas y en el caso de las áreas dispersas el Estado debe dar garantía en la integralidad de la atención. Para ello son fundamentales las redes integrales e integradas de salud establecidas en la Ley 1438, la cual no ha sido reglamentada. Además, los prestadores deben organizarse y complementarse, para que así haya continuidad en condiciones de equilibrio, que permita el desarrollo científico y el recambio tecnológico.

Esto es posible. En mi gestión en la Gobernación del Valle del Cauca, con la Secretaría de Salud, impulsamos una propuesta de redes integradas de servicio de salud en integración público-privada en todos los niveles de atención. Este modelo garantiza la prestación con continuidad, sin barreras administrativas, tiene su punto de partida en la promoción de la salud y termina en la rehabilitación cuando se requiera.

Como lo he dicho en otras oportunidades las redes integradas, el fortalecimiento de la atención primaria y el fortalecimiento de la salud pública, esta última con acciones complementarias de la Nación y los Entes Territoriales, sería la forma de permitir el acceso y la modificación de estilos de vida y de determinantes sociales con la garantía de que se usen plenamente los recursos de prestación de servicios que sería el 92% de la unidad per cápita.

Además de la financiación total a los niveles 1 y 2 como ocurre hoy, se necesita un subsidio parcial del nivel 3, porque estas personas son casi tan vulnerables como los niveles 1 y 2. Y eso también lo establece la Ley 1438.

No se puede perder de vista la necesidad de formalizar el empleo en el sector salud. En la Pandemia se evidenció que no había contratación directa, muchos no tenían prestaciones sociales y no había recurso humano cualificado. Es importante estimularlos para que presten sus servicios en las zonas rurales y dispersas donde hacen más falta.

Debemos estar atentos a las demandas que la gente hace en el país, para así construir verdaderos consensos que garanticen la salud como derecho fundamental de todos los colombianos. La reforma a la salud no responde a esa necesidad de un sistema en el que haya equidad, oportunidad y calidad.

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