El gobierno Santos en agosto 2010 arrancó como si el país ya viviera en el postconflicto, como si se hubiera terminado la guerra interna, efecto de la quimera que dejó el uribismo. Por eso la gente está celebrando ahora la apertura de un proceso de paz, la guerra interna impide el desarrollo económico.
Todas las normas que han buscado solucionar el conflicto, expedidas hasta hoy por congresos y gobiernos anteriores (leyes y decretos), no han sido suficientes. Ni las leyes de orden público, ni el derecho de excepción de estados de sitio o conmoción interior: o se ha fracasado por los enemigos agazapados. El derecho para la paz es necesario para llegar a ella, pero no copa todo. En Colombia el gran problema no es la falta de normas, es la prohibición de la coca.
La Ley de Víctimas no es una reforma agraria integral pero tiene elementos para ella. Esta Ley intenta cambiar la ilegal tenencia de la tierra transformada en los últimos 20 años por la contrarreforma agraria paramilitar y los daños ocasionados por las acciones guerrilleras. La Ley de víctimas es un avance importante y sirve para el proceso de paz que arranca.
Todos los cálculos de Colombia para marchar hacia el progreso se ven truncados por la no terminación del conflicto armado: la agricultura interna, las exportaciones, los cumplimientos del TLC, la ampliación de cobertura para la educación superior, etc. No solo por las ingentes sumas de dinero para enfrentar la guerra interna sino por la desinstitucionalización que crea al tener vastas zonas rurales en guerra espantando al campesinado.
Los procesos de paz mal llevados quedan mal concluidos y los actores armados desmovilizados vuelven a rearmarse. La reinserción debe brindar garantías para no ser hostigados después, estigmatizados ni perseguidos, pudiéndose llegar a la normalización.
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