No insinúo que sea la única garantía que asista a los ciudadanos, pero si los gobernantes no priorizan la movilidad en la ciudad, le ponen en peligro otros derechos fundamentales: el trabajo, la educación, la salud y, por qué no, la vida misma.
Las ciudades crecieron y sus calles dejaron de ser unos simples lugares de reunión de los vecinos, áreas de recreación y espacios de juegos para los niños.
A cambio, el transporte público pasó a ser garante del derecho a la movilidad ciudadana. Hace una década se presentó el proyecto del transporte masivo diciendo que transformaría el trazado vial, ya que requería vías exclusivas, sacrificaría zonas comerciales a cambio del bien común, cancelaría licencias de funcionamiento y chatarrizaría los buses para descongestionar la ciudad.
Pero no olvidemos que los buses tradicionales, con todos sus defectos de vulnerar el medio ambiente, competir en guerra por el centavo o de sus riesgos de accidentalidad, bien o mal, fueron empresas que no requirieron auxilios del erario y que jamás generaron un caos similar al calvario diario que padecen los ciudadanos: tardanza en los despachos y hacinamiento.
Reconozco que al viajar en Mio son rápidos los recorridos, no son frecuentes los atracos y hay señalización para las paradas.
Pero, ¿hacinamiento justificado con la insolvencia? No entiendo esa regla matemática: a más clientela menos dividendos y por ende peor servicio.
Creo que la dotación de aire acondicionado es para evitar asfixias, más que ofrecer comodidad.
Si falla la movilidad en la ciudad, sucedería algo similar del cuerpo humano cuando le sube la presión arterial, infarta.
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