Mujeres de oriente, africanas y ahora colombianas, engrosan la lista de las violentadas. Todas tienen en común un rostro desfigurado, pues alguien les arrojó ácido, cambiándoles la vida para siempre.
Cada día aumentan los ataques con ácido contra mujeres; Colombia figura en quinto lugar después de países como Pakistán, Irán, Senegal, entre otros.
En nuestro país la clase social, el nivel académico, la situación económica, no determinan a las víctimas.
Es asombroso ver que a pesar de la existencia de una ley que fija penas de cárcel entre ocho y veinte años a quienes cometan este tipo de ataques, y que además busca controlar la comercialización de ácidos, no haya sido aplicada con rigor frente a los casos que hasta este momento la sociedad enfrenta.
Según datos de la Acid Survivors International (ASTI), en el mundo, de las mil quinientas personas que son quemadas con ácido al año, el 80% son mujeres, el 90% de los atacantes son hombres, casi siempre conocidos o con alguna relación con la agredida.
Este es un llamado para que la sociedad combata este flagelo, se solidarice, se levanten campañas, fundaciones, buscando un fin común. Todos tenemos derecho a llevar una vida digna sin señas ni marcas que nos estigmaticen como mártires de una guerra sin sentido.
Es hora de que fundaciones, ONG, comisarías de familia, Fiscalía y Gobierno Nacional aúnen esfuerzos para denunciar, para sacar a la luz la identidad de los agresores y tomar partido frente a esta problemática.
No debemos acostumbrarnos a que esto sea pan diario en los titulares. Con repudio debemos mirar actos denigrantes contra las mujeres y cerrar juntos los eslabones de una gran cadena convertida en solidaridad.
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