Las instituciones son el pilar fundamental que determina el orden social y garantiza el desarrollo y la libertad de los individuos en una sociedad determinada. La institucionalidad en un país es tan importante que incluso se han llegado a diversas hipótesis, como la planteada por Robinson y Acemoglu en su libro “Por qué fracasan los países”, en la cual llegan a la conclusión que dependiendo del tipo de instituciones se deriva el nivel de desarrollo de un país determinado.

Para ninguno de nosotros es un secreto que América Latina es una región donde el entramado institucional ha sido históricamente frágil, que durante diversos periodos ha estado subordinado a intereses de pequeños grupos económicos y políticos, dejando de lado su verdadera razón de ser: proteger el interés general y la integridad de los ciudadanos.

Esta situación, revisando la historia del siglo XX de América Latina, nos lleva a que no nos sorprendamos a descaradas subordinaciones del mal llamado “orden constitucional” a intereses individuales, muchos de ellos buscando la extensión de periodos presidenciales bajo diferentes argumentos sociales, económicos o de seguridad, como pasó en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras y Colombia.

El buscar “saltarse” el orden constitucional y las reglas democráticas en pro de una particularidad, ha profundizado aún más la histórica y constante crisis institucional, muestra de ello es la reciente declaratoria de vacancia del Presidente Vizcarra en el Perú (país en el cual los últimos seis presidentes han dimitido o han sido condenados por diversos escándalos de corrupción), la tensionante crisis política vivida en Bolivia tras destitución de Evo Morales, la destrucción casi total de las garantías democráticas en Venezuela y la excesiva concentración de poder en el ejecutivo generando un desbalance con las otras ramas del Estado en Colombia.

A lo anterior se suma un evento inédito y desconcertante hasta cierto punto: la tormenta política vivida en Estados Unidos, un país que se precia por tener instituciones en su mayoría respetadas y sólidas.

La reciente elección presidencial, la cual fue definida por un margen relativamente estrecho (en el pasado hubo resultados más ajustados), ha generado un proceso que poco a poco ha derivado en un socavamiento de la costumbre y del proceder institucional, donde el presidente saliente, Donald Trump, deliberadamente ha sembrado un manto de duda en el proceso electoral y por ende en el resultado del mismo.

Esta erosión llevada a cabo por sus sistemáticas denuncias, en su gran mayoría sin fundamento hasta el momento, ha traído consigo una incertidumbre generalizada, a tal punto que ha llevado a que diversos países como Rusia, China, México y Arabia Saudita, al momento de escribir esta columna, aún no reconozcan a Joe Biden como presidente electo.

De igual forma y francamente desconcertante, especialmente para los ciudadanos estadounidenses, el proceso ha llegado a tal punto que incluso el Fiscal General, William Barr, autorizó a los fiscales de todo el país a abrir investigaciones sobre las supuestas irregularidades del voto. Una situación inédita en las últimas décadas en el país del norte y donde, si bien la fiscalía legalmente está facultada para ello, es considerado un acto de intromisión en el proceso electoral.

Es claro que en todas las latitudes del planeta las instituciones son el máximo garante de las libertades de los ciudadanos, y por ende son las encargadas de administrar y velar porque las reglas y las normas se respeten de la mejor manera, razón por la cual un entramado institucional fuerte es poco atractivo para personas o grupos políticos que buscan aferrarse de una u otra manera al poder.

En Colombia por ejemplo, después de subordinar la Constitución a un interés reeleccionista en particular, se erosionó aún más la ya históricamente frágil credibilidad de las instituciones del país.

Si los colombianos queremos vivir en un territorio con un mayor orden, donde los factores políticos, sociales y económicos no nos sitúen como uno de los países más desiguales del mundo, debemos hacer un pacto general, en el cual nos concienticemos desde las acciones individuales que las instituciones son para respetarlas y las normas para acatarlas.

Es momento que en Colombia, nos pongamos de acuerdo para que las instituciones dejen de vivir una eterna “mala hora”.

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