La majestad de la moralidad pública degradada

El comportamiento nebuloso ejecutado por los funcionarios de mayor nivel en las instituciones pilares de una sociedad no solo debe ser considerado como un problema vinculado a despachos judiciales, comisiones de acusaciones parlamentarias, renuncias o licencias de trabajo. No, es fundamental que sea valorado como un serio problema de moralidad pública.

Todos los embustes,  incluyendo  piadosos, las verdades a medias y la desinformación emanada desde los despachos de los altos burócratas son otro elemento que promueve ejemplos deplorables al colectivo en general.

En un mundo híper conectado resulta ingenuo gobernar utilizando premisas ajenas a la realidad.

Así con todo ello nos enfrentamos a una verdad funesta, la cuál determina cómo estas actuaciones minan nuestras instituciones, debilitándolas, además de socavar la moral de toda la sociedad. Cada nuevo episodio envilece otro poco al colectivo, siendo el más escandaloso el originado en el aparato de justicia por la probidad y ecuanimidad  que se debe observar con  respecto a ella.

No se puede exigir integridad  e imparcialidad a los funcionarios del sistema judicial, cuando sus máximas directivas y ejemplos a seguir incurren en menoscabos a la ética profesional. Además, ¿cuáles ejemplos pueden asumir los estudiantes de derecho ante los modelos evidenciados  y que solo oscurecen el panorama legal del país?

Hasta la tutela, sabio instrumento para enmendar abusos y reparar injusticias, ha ido perdiendo su valiosa claridad.

Ahora se amparan derechos a etnias y minorías sin valorar en donde queda la justicia para la mayoría o el bien común, que debería primar.

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