Acabamos de vivir un episodio más de los que ocurren en este país, bien sea en el congreso o en la rama judicial, por cuenta de la politización de toda la actividad del estado, incluyendo la justicia y la injerencia del ejecutivo en funciones del congreso.

En este se vieron involucrados todos los partidos y desde luego los congresistas y como espectadores gran mayoría de los colombianos, desde la óptica que la designación de un magistrado, función que en mala hora se le asignó al congreso el órgano político por excelencia, iba a marcar la orientación de la justicia y por tanto estaba en juego la democracia, habida cuenta de las múltiples veces que el presidente se ha enfrentado a las altas cortes cuando no le permiten llevar a cabo sus jugadas autoritarias y antidemocráticas, o le tumban sus leguleyadas irresponsables frente a la constitución y la estructura jurídica de nuestra institucionalidad, situaciones que él tilda: “no me dejan gobernar”

Un magistrado debe ser escogido primero por su probidad, transparencia y rectitud a la hora de emitir fallos y conceptos y desde luego por la profundidad de sus estudios y formación jurídica ya que sus actuaciones tienen que ser en estricto derecho, atendiendo a la justicia y el bien común.

Por tanto, el designado no deberá actuar ni como gobiernista, ni como oposición ya que esa es la ética propia de las funciones que asumirá. Además, fue electo por amplia mayoría, incluyendo diferentes orientaciones políticas.

En sus análisis y juicios debe hacer uso de su mayor imparcialidad y capacidad profesional, en defensa de la constitución, estructuras jurídicas y principios tutelares de nuestra democracia

El congreso en varias de sus actuaciones ha mostrado coraje y rectitud, como en este caso, a pesar de amenazas y mermelada a granel, tan obvio fue esto que el mismo presidente al sentirse derrotado en las gestiones de los ministros para lograr la elección de su candidata preferida, insinuó la salida de tres ministros de las corrientes que no se sometieron a sus designios.

La justicia también ha mostrado numerosas veces su independencia y criterio estricto con varios fallos contra normas inconstitucionales, ilegales o inconvenientes

Estas son las posiciones que el país espera de los funcionarios correctos y capacitados y especialmente de la justicia y su ética y majestad, cumpliendo así con el principio fundamental de la separación e independencia de poderes

Nuestra democracia atraviesa un periodo ampliamente amenazado por actuaciones autoritarias del ejecutivo que busca mantenerse en el poder por encima de todo.

En este momento crítico, en víspera de elecciones trascendentales para el futuro del país, es fundamental que las cortes y todos sus integrantes asuman con valor, dignidad e independencia la gran responsabilidad de defender la estructura institucional de nuestra democracia y la búsqueda del bien común y equidad para todos los colombianos.

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