La Justicia Constitucional y las Megaobras

La defensa de los contribuyentes por las ilegalidades cometidas en el proceso de planeación, cobro y construcción de las 21 Megaobras ejecutadas por valorización, se hizo por todas las vías legales: administrativa, disciplinaria, fiscal y contencioso administrativa. Ante los abusos del gobierno municipal, la inoperancia de los organismos de control y la lentitud de los procesos ordinarios, acudimos con esperanza a la justicia constitucional y tristemente no se han amparado los derechos de los ciudadanos, por el choque de trenes en la justicia:

En el hundimiento de la Av. Colombia, los ciudadanos presentaron más de 100 tutelas para proteger el derecho al debido proceso, por la ausencia de diseños definitivos en la decretación y contratación, lo que indicaba que no se iban a cumplir los presupuestos ni los tiempos de entrega del túnel. El perjuicio y el hecho irremediable que generaban las violaciones legales eran evidentes, pero no se ampararon los derechos y el tiempo nos dio la razón.

Se afectó el presupuesto de los caleños al pasar el túnel de $20 mil millones a más de $80 mil millones, pues el Alcalde reconoció un valor de $61 mil millones, más el alumbrado de $2 mil millones que tuvo que pagarse con el impuesto del alumbrado público y las bombas que valen $17 mil millones, sistema de emergencia que el Municipio se niega a hacer por falta de plata. El atraso perjudicó a los ciudadanos en 1 año y 2 meses por la improvisación municipal.

Si la justicia constitucional hubiera funcionado, la obra se habría hecho en unos valores muy inferiores y en menor tiempo. Ahora esperanzados en la contenciosa.

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