La gestión que puedan realizar los recién posesionados magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, genera muchas expectativas, en un año en que debe quedar consolidado todo el proceso de posconflicto.
No será fácil que una corporación tan heterogénea asuma los compromisos que tiene que afrontar, empezando por fijar su propio reglamento y administrar justicia sin que se haya definido la totalidad de las normas que regirán esa jurisdicción.
Seguramente uno de los grandes desafíos de los posesionados magistrados será ganarse la confianza de la opinión pública, pues empezaron su gestión en la época más crítica que ha enfrentado la justicia colombiana en cuanto a imagen negativa.
Por eso deben aprovechar la pluralidad de conceptos, de interpretaciones que los integrantes del Tribunal pueden aportar a los procesos judiciales, para proferir fallos que en derecho y con la imparcialidad debida, ofrezcan garantías para salvaguardar los derechos de cada una de las partes, en especial de las víctimas.
Esa será otra de las dificultades que tendrá el naciente Tribunal ante la cantidad de víctimas del conflicto, difícil de cuantificar por todas las acciones violentas. Los magistrados deben crear un mecanismo para darle participación a las víctimas y lograr la representación de cada una de ellas en este proceso, titánica tarea que requiere de mecanismos idóneos para cumplir con el objetivo.
La confianza está en que la JEP contará con profesionales de altas calidades, sin embargo deben despojarse de cualquier consideración política o convicciones personales para impartir justicia como lo exigen las causas que estarán bajo su conocimiento.
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