Las instituciones no surgen por el capricho de unos cuantos, ni para satisfacer intereses particulares que permitan mantener un sistema de privilegios.

El diseño institucional de los Estados tiene dos propósitos principales: mantener el equilibrio de poderes y garantizar la efectividad de los derechos.

El primer punto, se refiere a la esencia del republicanismo, en donde el equilibrio de poderes aparece como razón de ser, precisamente para evitar caer en un gobierno despótico.

El segundo implica que el accionar de la institucionalidad estatal debe orientarse hacia la garantía y satisfacción de los derechos constitucionales.

Dichos propósitos no son aislados, sino que se articulan entre sí, puesto que, manteniendo el equilibrio de poderes, se garantizan los derechos de las personas, en tanto que, cuando se rompe el principio democrático, su consecuencia inmediata es el inicio de una sistemática vulneración de derechos, no basta si no con fijarse en ejemplos próximos como el Nicaragua, para dar cuenta de ello.

El diseño institucional fue concebido en niveles.

En Colombia tenemos el nivel nacional, el nivel regional o departamental y el nivel local o municipal.

Independientemente del nivel, los propósitos principales de la institucionalidad deben mantenerse.

En tiempos recientes hemos visto como, para favorecer ciertos intereses políticos de algunos actores, se han enarbolado discursos – algunos muy efectivos – que pretenden desconocer la institucionalidad o, peor aún, que pretenden generar un antagonismo entre las instituciones y los ciudadanos, como si las primeras no estuviesen para servir a los segundos.

No pretendo pecar de ingenuidad y reconozco que, en ocasiones, quienes detentan el poder en las instituciones, las utilizan para obtener réditos políticos o económicos a su favor, desnaturalizando su esencia; pero hoy quiero enfatizar en la manipulación discursiva para romper con la institucionalidad, en procura de mantener un discurso beligerante y revanchista que resulta fácil de replicar y difícil de controlar.

En días pasados, el Concejo de Cali, corporación a la que pertenezco por mandato popular, decidió acoger una propuesta mía para condecorar a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional, la cual se erigió sobre las cenizas del antiguo Esmad.

No se hicieron esperar las protestas de quienes utilizan las herramientas discursivas para generar rivalidad entre la población y las instituciones.

Lo curioso del asunto radica en que quienes estaban detrás de los convocantes a las protestas, hoy en día hacen parte de la institucionalidad y, por ende, aunque suene redundante, hacen parte del mismo diseño institucional al que pertenece dicha Unidad de la Policía, es más, participaron en su reciente redefinición.

Es decir, se trató de ataques de la institucionalidad contra la institucionalidad.

El orden no es sólo una palabra que reposa, como letra muerta, entre las garras del cóndor andino que adorna nuestro escudo nacional; para garantizar la efectividad de los derechos debe existir orden, de lo contrario, el aseguramiento de derechos como la propiedad privada, la tranquilidad, la integridad personal o el goce de las libertades más básicas se convierte en una quimera.

Por ello resulta importante para la institucionalidad, que el orden sea asegurado por organismos que formen parte de ésta, puesto que, de lo contrario, imperaría la ley del más fuerte y ahí si valdría la pena preguntarse ¿la institucionalidad para qué?

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