El 23 de diciembre de 1993 se expidió la Ley 1001, norma por medio de la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social, que en su libro II regula lo concerniente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y que, a pesar de sus innumerables reformas y normatividades complementarias, ha acompañado a los colombianos durante más de 28 años. Hoy vislumbramos su inminente transformación.

Con su victoria en segunda vuelta, el presidente electo Gustavo Francisco Petro Urrego anunció cambios al Sistema de Salud; hoy ya se están viendo materializados los primeros cambios mediante la alocución de Carolina Corcho, ministra de Salud y Protección Social designada. Sus anuncios han creado revuelo entre los diferentes actores del sistema (afiliados, hospitales, profesionales de la salud, EPS…).

Estas últimas, las EPS, son las han tenido mayor protagonismo en las noticias recientes.

Transformación de las EPS

La ministra Corcho ha manifestado que, si bien hay una alta cobertura al sistema de salud, esto no implica el acceso al sistema, siendo esta una de las razones para que el gobierno entrante presente una reforma al sistema.

Argumenta la funcionaria que en Colombia al día se instauran 250 acciones de tutelas por inatención contra el sistema de salud –que no deberían existir–, de las cuales el 75% corresponde a servicios básicos. Además, las EPS (liquidadas y activas) presentan una elevada cartera, que para las clínicas privadas asciende a unos 12,7 billones de pesos y para los hospitales públicos se calcula en 10,1 billones de pesos.

Esto lo acompaña con una fuerte crítica a la inexistencia de un sistema de información para controlar los recursos de la salud, lo que imposibilita el cálculo exacto de la deuda total que las entidades han dejado. Por esto, propone crear un sistema público en línea que pueda inspeccionar todas las transacciones administrativas y financieras que haga el sector.

La propuesta presentada se centra en transformar a las EPS en holding de prestación de servicio de salud, es decir, suprimir la función de garantes del riesgo en salud y riesgo financiero como “intermediarios” para dejar a un único administrador y pagador de los servicios, la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), y constituirse como redes de prestación de servicio de salud.

La pertinencia de este cambio es lo que resulta inconducente, pues la naturaleza de las funciones de estas dos instituciones es totalmente diferente, dado que asegurar el riesgo en salud no implica ser conocedor de la prestación del servicio de salud.

Ahora bien, la discusión recae en que si bien algunas EPS cuentan con IPS propias, las cuales les permiten contratar hasta el 30% de su red2 –actividad común en EPS del régimen contributivo–, no es el mismo caso de otras EPS que no cuentan con una red propia, es decir, el mensaje emitido para las EPS podría ser interpretado en ir dejando a un lado el aseguramiento del riesgo en salud, y volcarse a constituir hospitales privados para así integrarse al nuevo modelo de salud que propone el gobierno entrante.

Otra de las propuestas es robustecer la Superintendencia de Salud y con ello descentralizar sus funciones, para convertirla en una entidad de inspección, vigilancia y control de orden nacional pero también regional al servicio del ciudadano, capaz de resolver solicitudes con inmediatez y no de forma tardía, como lo hace en estos momentos.

Se pretende crear el Consejo Nacional de Salud y Consejos Territoriales, que tendrá una función rectora en el nuevo sistema planteado, y será conformado por representantes de gremios empresariales, universidades, organizaciones de pacientes y organizaciones de trabajadores de la salud.

La mayor preocupación de esta propuesta es la burocratización departamental y municipal que los gobernantes de estos territorios puedan introducir en el sistema propuesto, lo cual traería un retroceso al modelo que se tiene actualmente.

Hay mucha incertidumbre dentro del sector y aún no están claros los puntos sobre los que se desarrollará la reforma. Lo que sí es claro es que no habrá liquidaciones masivas de EPS, pues el gobierno entrante no permitirá el aseguramiento en salud en cabeza de 2 o 3 EPS que cumplan los mínimos exigidos, lo que ha definido como el “oligopolio de la salud”.

Aún es muy prematuro lanzar conclusiones, pero sí es cierto es que este tema, el sistema de salud, es uno de los de mayor polémica y más prioritarios para la agenda nacional del nuevo gobierno.

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