Debo confesar que en este momento tengo a los casi doscientos discípulos míos en la Santiago, estudiando y analizando en talleres, los seis puntos básicos de lo que se negoció en La Habana. Debo decir con mucha preocupación lo difícil que es en el escenario académico entender por parte de los estudiantes los vericuetos y las conexidades entre cada uno de los seis contenidos del acuerdo. Igualmente debo confesar que no me cabe en la cabeza que se pretenda a través de la pedagogía cambiar varios siglos que desde 1789, inventaron la democracia liberal como una democracia de
opinión y no de conocimiento, como la diseñaron los griegos. La opinión es un estado de ánimo y no un estado de sabiduría, por lo tanto, pretender montar el éxito del SI o del NO en la sabiduría en torno al acuerdo no solo es una digresión histórica, sino una absoluta locura. La gente vota por emociones y tal como están las cosas el presidente Santos produce muy pocas.
Sinceramente, independiente de todas las objeciones que se le haga al acuerdo, este lleva la magia de desarmar un grupo que hizo rápidamente y en pocos años el tránsito de una guerrilla insurgente a un cartel de la cocaína. Aquí radica su importancia.
Como todo postconflicto, que en este mundo ha sido, y como todo arreglo o acuerdo político, va a tener diez años de prueba, donde puede legitimarse o puede dar lugar a un horror y una tragedia como el que se vivió en Sudáfrica y se sigue padeciendo en el Salvador, por ejemplo.
Los desafíos como en todo replanteamiento de cualquier sociedad, en el marco de una economía global depende fundamentalmente de las circunstancias y la coyuntura económica actual y la que se va a construir y determinar en la próxima década. Recomponer las diferencias del campo y la ciudad inaugurando una nueva sociedad rural cuesta millones y millones de dólares. Sustituir el cultivo de coca por maíz y soya por ejemplo, requiere no solo la titulación de tierras, sino cuantiosos subsidios para crear condiciones de competitividad. Montar un aparato de justicia transicional amerita quintuplicar el gasto que hoy absorbe el aparato judicial.
Finalmente para redondear, responderle a las víctimas y repararlas ante la argumentación de la FARC, de no tener un solo peso coloca a los colombianos en la tarea de pagar y reparar sin posibilidad de renunciar a ello.
Implementar los acuerdos es la base de la legitimidad. Las alternativas del presidente son complejas, pues nuestro crecimiento económico a duras penas llega al 2%, en una economía mundial resentida por la permanencia de la crisis global del 2007 y sobre todo por el bajo nivel competitivo de nuestra economía.
Proyectar la implementación implica partir de este estado de la economía y coloca a los colombianos ante dos alternativas: endeudarse esta generación y la próxima con el capital financiero mundial y nacional, o sacar adelante una reforma tributaria donde los grandes sacrificados vamos a ser los de la clase media. Sencillamente sin plata no hay legitimación y además los europeos no dan un peso, pues desde la edad media son tacaños constitucionales, y hoy día cargan a cuestas problemas propios que resolver.
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