La guerra urbana

No se crea que esta frase lapidaria se la inventó el presidente Santos en una de sus patéticas intervenciones días antes de que se firmara el cese bilateral y la dejación de armas. El tema de la violencia en las ciudades será el fantasma que perturbará la luna de miel, sobreviniente después de los abrazos de La Habana.

Cifras como los 569 homicidios que registra Cali al último corte de este mes llevan a concluir, como escribiera Gardeazábal, que estamos ante un conflicto con una cifra de víctimas mayor que una ciudad en guerra.

Los primeros diez años de todo  postacuerdo son de ajuste, caracterizados por el derrumbe de todos los indicadores. En el caso nuestro el gran desafío lo coloca la expansión del crimen organizado en las  ciudades. No se trata de banditas, sino de una gran empresa que lleva diez años consolidando su poder como una economía que cada vez se convierte en un proyecto de vida para la marginalidad y que espera fortalecerse recibiendo soldados y agentes provenientes de la desmovilización las Farc.

El crimen organizado instrumentaliza a través de mecanismos financieros debidamente programados el accionar de ejércitos de jóvenes, que con sueldo de más de un millón de pesos, viabilizan la operatividad del lavado de dinero, a través de oficinas de sicarios, que cobran y ejecutan el pago de deudas a través del sistema de gota a gota. El control territorial, indispensable para la circulación del narcotráfico, es una tarea a la cual no van a renunciar.

Los 569 homicidios de Cali son una señal de que si hay condiciones para una “guerra urbana”, ante la cual no valen las lágrimas de Armitage.

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