El Estado de excepción de Emergencia económica, Social y Ecológica, decretado por el presidente Gustavo Petro para intervenir con celeridad y atender los padecimientos de los guajiros, en especial de la comunidad Wayuu, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional porque según 6 magistrados no se probaron los factores sobrevinientes, por lo tanto que, no había nada nuevo para usar poderes extraordinarios de esta manera podía el Presidente atender los problemas y falencias con las facultades existentes en el Estado de Derecho.

O sea, que lo anormal era normal y debería actuar para solucionar lo que otros gobernantes no resolvieron en los últimos 100 años o más, porque es normal que allí la salud no tenga cobertura suficiente, que el agua sea mal distribuida, y en los últimos 33 años que la usen con privilegios o preferencias para el sector minero, y que el hambre ya se hizo costumbre inveterada.

Esta es una forma de cogobernar de la Corte Constitucional al entrometerse o extralimitarse en los poderes de la Rama Ejecutiva so pretexto de ejercer el control constitucional , además del Control tardío porque ya habían pasado 90 días después de dictado el Decreto 1085 de julio 12.

Si la Constitución prescribe que se trata de un control automático debe ser rápido y acorde con el tema abordado, en este caso una crisis humanitaria para evitar más muertes de pobladores esparcidos en la rancherías y excluidos de los servicios públicos que sí tienen otros departamentos, porque además los recursos públicos los han malbaratado y saqueado en otras gobernaciones, según la larga lista de quejas registradas contra esa administraciones depredadoras.

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