En los últimos años el secuestro ha tenido un incremento exponencial, debido al accionar de grupos delincuenciales como el ELN, principalmente, lo mismo que de disidencias de las antiguas FARC, sin descartar a otros grupos más pequeños que suelen tener la macabra práctica de “venderle” secuestrados a estas guerrillas.

El secuestro no es un flagelo nuevo, como sociedad lo hemos padecido durante muchas décadas, dado que es una de las fuentes de ingreso favoritas de grupos al margen de la ley. El secuestro extorsivo convierte a la libertad y la dignidad de las personas en una simple mercancía, por ello resulta ofensivo el cinismo de dirigentes del ELN, quienes a pesar de estar en una mesa de negociaciones con el Gobierno Nacional, se niegan a abandonar esta práctica, la cual justifican, a partir del uso de eufemismos como el famoso “retenciones”, para tratar de desvirtuar el carácter delictual del mismo; pretenden defender lo indefendible y mostrar al secuestro como una necesidad para mantener el flujo de caja de la organización.

Es precisamente en este punto, en donde existe uno de los grandes desafíos de los negociadores del Gobierno Nacional, dado que el ELN insiste en que, para dejar de secuestrar, el Gobierno debe financiarlos, es decir, la chequera de los colombianos, los recursos públicos, utilizados para financiar a los criminales.

Ello no pasaría de ser una bravuconada más de un grupo que nunca ha demostrado una verdadera intención de pactar la paz con el Estado, si no fuese porque, cerrando el 2023, desde Arauca, el Presidente pareció acceder a dicha propuesta al señalar “el Estado se compromete a poner la plata y el grupo armado se compromete a que el fusil se oxida, punto.” Si ello se concreta, estaríamos ante la confirmación de que, en Colombia, el crimen ¡sí paga!

Bien lo decía una canción del fallecido Frankie Ruiz, a veces “la cura resulta más mala que la enfermedad”, y es que el Estado no puede pagar a delincuentes para que no se cometan crímenes como el secuestro, puesto que terminaría teniendo el efecto contrario, al estimular un mayor número de secuestros, de quienes buscan que también se les pague por lo mismo

No es justo que mientras la clase media se alista para poder pagar la enorme carga tributaria que dejó la reforma del 2022, al tiempo que ya se habla descaradamente, por parte del Ministro de Hacienda, de una segunda reforma tributaria que también gravaría principalmente a la clase media; no es justo que mientras se siente una desaceleración en muchos sectores de la economía, como lo es la construcción, cuya contracción suele sentirse en todos los sectores, pero principalmente en los obreros, que son quienes padecen la parálisis de las obras, la falta de trabajo; no es justo que mientras todos los meses se eleva el precio de los combustibles, la chequera de los colombianos se vaya en pagarle a los criminales, enviando, de paso, el nefando mensaje de que una vida honesta y llena de sacrificios no tiene más recompensas que una carga impagable de impuestos y de que la vida, la libertad y la dignidad humanas, otrora pilares de la Constitución, no son más que una moneda de cambio, que se pueden negociar con el Gobierno que esté dispuesto a hacerlo.

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