En Colombia en los últimos días hemos vivido momentos de incertidumbre y dificultad, y el triste acontecimiento de la muerte del abogado Javier Ordoñez a raíz de un mal procedimiento policial, ha caldeado los ánimos.

El concepto de autoridad, es en muchas ocasiones desgastado y llevado a colación en conversaciones privadas e incluso en apariciones o alocuciones de personajes de la vida pública nacional, sin entrar mínimamente en reparos en lo que significa el término en sí mismo.

La autoridad debe entenderse en un Estado social de derecho como Colombia, como aquella facultad de ejercer el mando de hecho y con derecho, con el objetivo de ejercer el control a un grupo poblacional determinado, siempre amparado en un término muy importante: la legitimidad.

Es muy importante que la autoridad sea ejercida con legitimidad, que el “contrato social” como lo manifiesta Jacques Rousseau, sea entendido y aceptado para una convivencia pacífica entre seres humanos de común acuerdo, acogiéndose a unas “reglas de juego” establecidas y que permitan la convivencia en sociedad entre los ciudadanos de un territorio determinado.

En nuestro país, actualmente percibimos que poco a poco se ha ido erosionando la credibilidad y el “respeto” por la autoridad ejercida por el Estado a través de sus instituciones de acción como la policía nacional, las Fuerzas Militares, los entes de control, entre otras.

Esta erosión se ha dado por múltiples factores, debilidad y ambigüedad en la legislación, falta de capacitación de los agentes individuales del Estado, corrupción, malos y trágicos procedimientos, y tristemente en no pocos casos a través de nuestra historia, por la connivencia con actores delictivos que han traído consigo desenlaces nefastos que han afectado recurrente y gravemente a la población civil.

Lo que apreciamos en la actualidad, esa falta de “respeto” del ciudadano por la autoridad, es el triste desenlace de una historia marcada por errores que se ve potenciada por dos factores fundamentales: un entramado judicial y legislativo débil, paquidérmico y burocrático; y un creciente descontento social derivado de la precarización paulatina de segmentos poblacionales enteros, donde se percibe que la brecha de la inequidad social y económica continúa ampliándose en uno de los países más desiguales del mundo, que a su vez se ve potenciada por la percepción de no contar con un Estado que tome acciones claras en pro de revertir esta situación.

Es preocupante esa pérdida de “respeto”, el cual el Estado debe exigir, pero también lo debe ir ganando con acciones reales y contundentes, desde el Presidente de la República, hasta el policía que patrulla diariamente las calles, que vale la pena decir la gran mayoría de estos uniformados, son policías por convicción y por vocación de servicio al ciudadano y a la “patria”.

Es urgente e indispensable que se tomen medidas rápidamente, medidas de gran calado, reformas que patrocinen unas instituciones más fuertes, sólidas y con mejor preparación y entrenamiento. Es necesario una introspección y una reevaluación de los procedimientos, no solo de la policía nacional, sino de todas las instituciones que ejercen el control del territorio.

Es importante que el Estado, no solo exija que le “respeten” la autoridad, sino que se articulen acciones de fondo que fortalezcan la legitimidad para su ejercicio en todo el territorio nacional.

Actualmente el país enfrenta muchos desafíos, y este es probablemente uno de los más importantes y urgentes, así lo debe entender el Gobierno del Presidente Duque, quien debe tener la capacidad para realizar una lectura real del entorno y de las circunstancias.

El presidente debe rodearse, en lo que le resta de gobierno, de personas que aporten en el fortalecimiento del entramado institucional del Estado y comenzar a pensar en el colectivo, apartando a aquellos funcionarios y acompañantes que no aportan en la consolidación de este objetivo y por ende de un ejecutivo sólido, porque en momentos como este, es cuando un país necesita un poder ejecutivo consolidado, no a raíz únicamente de mano fuerte, sino de acciones que vayan en la vía de atender integralmente las necesidades de un territorio tan convulsionado como el nuestro.

Es momento para que de una vez por todas, con decisión y con acciones integrales, los agentes del Estado se ganen el respeto y la legitimidad para el ejercicio de la autoridad, porque todos los colombianos añoramos el día que en nuestro país contemos con un Estado fuerte, capaz de ejercer control en todo el territorio para preservar la vida y el desarrollo personal de todos los ciudadanos.

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