Kevin N.N. amenaza real

A raíz del asesinato del parapentista Juan Manuel Alzate, conocí por parte de una voz autorizada que el presunto asesino era un individuo que había sido capturado hace tres meses por porte ilegal de armas, judicializado y liberado por un juez de la República, por considerar que no era una amenaza real para la sociedad.

Ante sucesos iguales perpetrados con reincidencia por el sistema judicial es necesario abrir un debate en torno hasta dónde y cuándo debemos aceptar sin explicación y sanción alguna los continuos desaciertos del sistema de administración de justicia colombiano, sobre todo en decisiones que incriminan la peligrosidad o no de un potencial asesino.

Cuando un honorable juez yerra en la valoración de pruebas para otorgar beneficios como la casa por cárcel, debería ser investigado por sus superiores y castigado si se confirma alguna conducta que sugiera dolo.r Las malas interpretaciones en estos casos se convierten en episodios dolorosos y mortales como el acontecido en San Antonio.

Además, de aquí se desprende que ante la inminente llegada de los excombatientes de la guerrilla a la vida citadina vendrá un aumento de los casos de quebrantamiento de leyes y crecimiento de la violencia urbana. Los ciudadanos esperamos contar con un aparato de justicia que funcione con regularidad y equilibrio. Porque si el proceso de paz silencia los fusiles pero alienta el uso de las pistolas y revólveres, sólo transformaremos un problema en otro y la paz de nuevo será esquiva.

El hecho acaecido en San Antonio demuestra cómo nuestra justicia es sorda, coja y muy ciega, lo cual me inquieta profundamente. Reflexionemos sobre ello.

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