La justicia transicional visualizada como benigna para unos, o como opereta para otros, termina siendo el único instrumento concreto que necesita desplegarse para negociar la terminación de un conflicto.
A la justicia tradicional no se acogen quienes se van a desmovilizar por la dureza de las penas; la justicia transicional conlleva castigos, y aunque rebajados, son criticados. Pero sin algún tipo de justicia no se pueden terminar las conversaciones de paz.
El marco jurídico para la paz requirió de una reforma constitucional, debates y disquisiciones. Su declaratoria de constitucionalidad, más reflexiones. Y la puesta en práctica necesita de una ley estatutaria que establezca los procedimientos. Al Estado y sus órganos competentes le corresponde producir la normatividad bajo el manto de la legalidad.
La guerrilla, su contradictor y competidor por la detentación del poder, cuestiona los procedimientos con recriminaciones mutuas sobre quienes han sido victimarios en uno y otro caso, pero no pueden sustituir al Estado y menos al Gobierno, porque no lo han vencido en la lucha armada, por eso acuden a las conversaciones, con el ánimo de participar en la actividad política.
La Corte Constitucional aprobó el método general para proceder a los castigos, enunció la selección de los máximos responsables de los delitos atroces, algo similar a la obediencia debida que “exime” a los subalternos dentro de las tropas regulares.
Los contenidos de una justicia transicional a moldear, tienen un carácter moral y ético ineluctable que lleva a las partes, los académicos, las iglesias y a la sociedad en general a una discusión inevitable sobre la lenidad, la liviandad o el justo método para tratar de finiquitar el conflicto.
Diseñar una justicia transicional que deje satisfechos a todos es imposible, comenzando por los mismos beneficiados que quieren más medidas blandas de lo que la laxitud en estos casos permite.
Comments
Fin de los artículos
No hay más artículos para cargar
