Cuando el apagón de los años 90, el presidente liberal César Gaviria Trujillo ordenó a las distintas regiones del país instalar termoeléctricas para “garantizar energía a los ciudadanos en general”.
Desde ese momento se inició la privatización del sector eléctrico, tal como ha sucedido con la salud y con la educación. No olvidemos que en ese gobierno se llevó a cabo una apertura económica que fue acabando paulatinamente con el campo.
Ahora a los colombianos se nos amenaza con cobrarnos desde diciembre, por el término de 36 meses, lo que será otra mentira como el cuatro por mil, $439 para los estratos bajos y $3000 para los altos, hasta cubrir un valor de 1.1 billones de pesos, para cuadrar las finanzas a las termoeléctricas que generan luz a base de diésel.
Esto, según el gobierno de Juanpa, se hace para evitar racionamiento general. Lo cierto es que ya se supo que existen unas termoeléctricas quebradas y el Ministerio de Minas y Energía, como fórmula salvadora, ha decidido que sea el pueblo colombiano el que ayude a tapar otro hueco fiscal, uno más, sin que aclaren que hicieron con un seguro de confiabilidad que los colombianos pagamos durante varios años y que alcanza unos US$4800 millones, precisamente, para evitar un racionamiento.
Y lo peor es que Juanpa y su Ministro de Hacienda insisten en vender a Isagen, como para quedar “hermosos de la dicha”.
Con “crisis” como esas los vulnerables somos los colombianos, no los inversionistas, que nunca pierden.
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