Así están los 21 concejales de Cali, ante el retiro de su escolta policiva desde hace un poco más de dos meses. No es un asunto sencillo entendiendo las responsabilidades jurídicas que se derivan de esa medida.

Actualmente, cuando a la ciudad ha retornado el sicariato a plena luz y nada pasa, y el terror nos observa azuzándonos, dejar desprotegidos a servidores públicos del nivel de concejales de un municipio como Cali es un desacierto desde cualquier ángulo que se examine.

Los concejales en su labor deciden sobre asuntos trascendentales para Cali, en ello pueden generar controversias y animadversiones por alguna decisión que no favorezca ciertos intereses, lo que – ustedes saben- en este país y más en Cali donde los conflictos se resuelven a la fuerza, cualquier resultado puede esperarse.

Constitucionalmente el alcalde es la máxima autoridad de policía del municipio, y hay precedentes jurisprudenciales del consejo de Estado relacionados con la protección a servidores públicos, generando pagos exorbitantes a título de indemnización por malas decisiones, como retirar el esquema de seguridad a quienes deben tenerlo por su diaria labor político-administrativa.

No está de más recordar, que fue por estas fechas (11 de abril) cuando a los diputados de la asamblea del Valle del Cauca, hace 16 años, la guerrilla de las FARC los secuestraron y posteriormente asesinaron, a quienes los concejales rindieron tributo a su memoria esta semana.

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