Mientras conversaba con un amigo sobre las razones expuestas el lunes por Maduro como detonantes de la crisis fronteriza, reflexioné con él de cómo a nosotros nos gusta la ilegalidad.
Muchos hechos acaecidos al ciudadano se resuelven a través de una coima o un arreglo extralegal. Ahora razonemos si tal conclusión tiene asidero o es un exceso de moralidad.
Si de comprar licor extranjero se trata, la mayoría preferimos visitar un Sanandresito o buscar el estanco que nos ofrezca la posibilidad sin impuestos. Pero ese ejercicio se repite en la compra de zapatos, celulares, portátiles y demás objetos de imagen social. Si cometemos una contravención de tránsito, la rutina es negociar con la autoridad respectiva y si es una foto multa encontrar el funcionario amigo que nos ayude a reducir el problema. Encontramos conexiones de agua y energía fraudulentas y muchas otras acciones en donde la malicia indígena prevalece sobre el comportamiento legal.
Ahora, al analizar el problema fronterizo, no es satisfactorio para las autoridades económicas o sociales de Venezuela sorprender a cientos de colombianos traficando hacia nuestro país con productos de primera necesidad, subsidiados por ese gobierno con la intención de proveer un mínimo de bienestar para los venezolanos. Gasolina, medicinas y alimentos son parte del portafolio que enriquece a un sinnúmero de colombianos y venezolanos inescrupulosos, quienes han convertido esa frontera en un estado sin ley, de esta manera paracos, narcos y contrabandistas confluyen para crear ese caos que ahora Maduro intenta reducir cometiendo injusticias y aplicando violencia indiscriminada.
¿Tendremos autoridad y agallas para retomar la legalidad en esa frontera? Y, finalmente, ¿podremos nosotros abandonar la cultura de la trampa y la ilegitimidad?
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