La élite tecnocrática colombiana, la que hoy dicta el “qué hacer” a una clase política atrapada en su ineptitud y descrédito, se propuso una consistente y eficaz estrategia de desprestigio de todo lo público, para reducir el Estado a su mínima expresión o a su desmonte sin ambages.
En especial, con la enmienda constitucional de los 90 se tomó la decisión de contratar todos los servicios que prestaba el Estado, bajo el prurito que el Estado es ineficaz, costoso y venal, mientras que los privados son el “súmmum” de la eficiencia y la pulcritud. Para “tranquilidad” de los contribuyentes, se blande la ley 80 que regula hasta la minucia la contratación estatal y robustece el control fiscal para espantar a los perfumados amigos de lo ajeno. Hasta aquí, lo anterior parece un cuento de hadas.
Ahora, ¿Cómo explicar, entonces, con esta teoría tan impoluta, lo que pasó con el caso Natalia Springer?.
Primero- si bien el Estado representa todo lo malo que se le adjudica, la motivación de estas reformas fue la apropiación del Estado por parte de los privados a través de sus emporios empresariales.
Segundo- qué mejor que sacrificar las estructuras de funcionarios públicos y reemplazarlos por los amigos, con honorarios mayores incluso al costo de las nóminas, -esto lo hacen todas las dependencias del Estado y no solo la Fiscalía-.
Tercero- la ley 80 es un queso gruyer, que permite que en todos los lugares de Colombia existan los Nule, solo hay que cambiarles el apellido. El Estado colombiano está diseñado para que se lo roben bajo el imperio de la ley 80, debería aprovecharse la citación a la señora Natalia al Congreso para debatir de fondo el papel del Estado en esta esquina de la historia.
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