Hidroituango tiene en jaque a varios municipios de Antioquia. Cuando empezó la emergencia las directivas de EPM no tardaron en afirmar que responderían por los daños. En ese momento se hablaba de 34 viviendas afectadas.

Hoy se estima que hay 8.000 personas en el área de influencia del proyecto que han tenido que evacuar sus viviendas, que se encuentran en albergues y que de un momento a otro vieron alterada su cotidianidad, con alto impacto en su condición económica.

¿Tiene EPM la capacidad para responderle a todos los afectados? Hidroituango es tal vez el proyecto más importante de infraestructura que se adelanta en el país y está en cabeza absoluta de una empresa privada, si bien la Gobernación de Antioquia es socia mayoritaria.

EPM desarrolló los estudios, llevó a cabo las licitaciones, la selección de los contratistas y ha supervisado los avances de la obra.

La forma en la que han reaccionado los mandatarios locales deja claro que no se involucraron ni supervisaron el proyecto, en el que tampoco, al parecer, ha intervenido el gobierno nacional.

¿Es posible que eso suceda ante un proyecto de tal magnitud? ¿No debería el Estado haberse involucrado? En la carta que el presidente Santos les escribe a los responsables de la obra les ofrece su apoyo en la mitigación del riesgo.

En ese sentido, ¿en manos de quien van a quedar quienes resulten damnificados? Hidroituango es clave para la estabilidad energética de Colombia en los próximos años, tenía un gran impacto ambiental, intervenía uno de los principales ríos del país y afectaba muchas comunidades.

¿Cómo terminó semejante responsabilidad solamente en manos del gerente de una empresa? ¿Por qué no están todas las autoridades atentiéndolo?

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