Según cifras entregadas por el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, el hacinamiento carcelario en nuestro país supera el 58%, teniendo a Cali – con la cárcel de Villahermosa – entre las tres primeras ciudades en sobrepoblación.
En el recién creado Código Penitenciario y Carcelario, en su artículo 5, subraya que: “la carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”, pero lo que podemos ver es que no se está cumpliendo, nos estamos encontrando con más líos en la cárceles, convirtiendo esta situación en una bomba de tiempo.
Quise constatar lo que estaba pasando y me di a la tarea de ir a Villahermosa y hablar con algunos familiares que esperaban a las afueras del reclusorio y que me dejaron muy preocupado al escuchar de boca de ellos: “Esto se le está saliendo de las manos al Inpec, y nos da miedo que nuestros familiares mueran en algún motín”.
No sé de qué manera se está trabajando por darle solución al tema, pero la sensación es que el lento sistema judicial está en coma.
Villahermosa ya no está en capacidad de recibir a un preso más, no sólo por las tutelas que ordenaron que no se puede seguir llevando detenidos sino que no cuenta con las condiciones físicotécnicas para tener a nadie más.
Este problema ha tocado a las estaciones de Policía cuando a la fecha cuentan con cerca de 300 personas detenidas a la espera de que les resuelvan su situación jurídica, demostrando una vez más que la política carcelaria se rajó como lo dio a entender el personero de Cali, Andrés Santamaría. ¿Qué estamos esperando?
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