Los colombianos quisiéramos que el gobierno nacional fuera coherente y equitativo con su gente, con sus compromisos y con su obra de gobierno, pero como siempre, salta la liebre. Veamos algunas curiosidades: se jacta de haber dado empleo a un poco más de tres millones de colombianos, y uno se pregunta, dónde cómo y cuándo, porque lo cierto es que la industria nacional tiene un rezago preocupante. A no ser que se refiera a los informales, que sí son muchos.
En cuanto a derechos de las víctimas de desplazamiento, desde la entrada en vigencia de la Ley 1448 se han programado y ejecutado $15 billones de los $33 billones para dicha población y que solo el 16,1% ha solicitado restitución o protección de su predio, contra el 83,9% que no lo ha hecho. Y, según se rumora, por falta de recursos, el programa no ha continuado.
Los decretos con los que el gobierno Santos finalizó el año anterior para el sector salud confirman que las EPS ganaron la partida en contra de los colombianos inermes que no tienen dolientes ni representación en la administración central. Y mientras se cierran hospitales, a esas EPS les brindan un plazo de siete años para refinanciarse con los dineros de los ciudadanos.
Hay muchas más cosas que nuestro espacio no permite dar a conocer. Sin embargo, vale la pena destacar que el profesor James Robinson, en su conferencia “Cómo promover la equidad en Colombia”, dada en el congreso de Asocajas en octubre pasado, dijo que “la baja calidad de la democracia donde solo se beneficia a los grupos de altos ingresos en detrimento de las necesidades de los más pobres” impide mejorar la equidad.
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