Para nadie es un secreto que en Colombia desde hace varios años venimos experimentando un claro y constante desgaste de credibilidad de las instituciones diseñadas por el Estado para la protección y el mantenimiento del orden social en el territorio nacional.

Esta situación se ha ido profundizando con el paso de los meses a medida que al frente de las entidades, reiterativamente se posesionan personas que tienen aspiraciones políticas. Esto no significa que tales aspiraciones no sean legítimas, por el contrario, estas son consideradas como un derecho de todos los ciudadanos colombianos.

Sin embargo, cuando las aspiraciones comienzan a subordinar y determinar la agenda institucional, el proceso en sí mismo se desvirtúa, porque las instituciones de nuestro país no son trampolín político ni herramienta de seducción o coacción para los intereses personales de nadie, así parezca que están diseñadas para tal fin.

Las entidades del Estado deben estar más allá de una agenda política, gozando de la credibilidad suficiente de que están en la plena capacidad de garantizar los derechos de los ciudadanos, independientemente de su filiación política o creencia religiosa, preservando siempre lo que en el derecho se conoce como el “debido proceso”.

La Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, es una de las entidades que en los últimos años ha estado constantemente en el “ojo del huracán”, con todo lo que ello implica al tratarse de uno de los pilares del poder judicial en Colombia, siendo la institución encargada de investigar y acusar a los responsables de cometer un delito.

En este sentido, es muy preocupante que la Fiscalía enfrente constantemente hechos que paulatinamente erosionan su credibilidad, erosión que se desprende principalmente de actos proferidos desde la dirección general y por la falta de herramientas y de capacidad investigativa que ha sido diagnosticada en diversas ocasiones por expertos nacionales e internacionales, capacidad que es necesaria para disminuir el grado absurdamente alto de impunidad en el país.

En las últimas semanas hemos presenciado incrédulamente, una serie de hechos que han puesto nuevamente a la Fiscalía en el centro de la polémica, pero con el atenuante que ya estos hechos no se circunscriben únicamente a acciones políticas y de relación comercial, como pasó en diversas ocasiones con anteriores direcciones, sino que ya comienzan a trascender y a soslayar la credibilidad de la entidad con temas personales e incluso familiares de la dirección.

Es tal la falta de credibilidad, que en las últimas semanas hemos presenciado en los diferentes medios de comunicación, que esta situación está comenzando a permear el interior del ente acusatorio, es decir, increíblemente sus propios funcionarios ya no le están creyendo al accionar de la entidad, no por la entidad misma, sino por el direccionamiento que se le da.

La erosión institucional es tan palpable, que podemos presenciar de manera recurrente y sistemática como los investigados, sin importar la orilla política, no tienen reparo de declararse “perseguidos políticos”, e incluso, se ha vuelto común el adjetivo de “chivo expiatorio” en muchas de las acciones adelantadas por la entidad judicial.

Esto debilita aún más la credibilidad de la Fiscalía, debilidad que se ve potenciada con la incapacidad, por falta de herramientas en muchas ocasiones y en otras por agenda política, de llevar con rigurosidad investigaciones que traigan consigo el mensaje que ningún ciudadano colombiano está por encima de la ley.

Tal situación ha traído consigo momentos de oportunidad para que políticos de diferentes filiaciones hagan “show mediático” cabalgando en la debilidad de nuestro sistema judicial. Es por esta razón que no se nos debe hacer extraña la propuesta, a mi juicio, irresponsable, de uno de los líderes de la oposición, en la cual hace un llamado a la desobediencia civil en un momento tan crítico para el país como el actual.

Claramente la propuesta no ha tenido “eco” en la ciudadanía más allá de réplicas en las distintas redes sociales, precisamente por su mismo origen politiquero y oportunista, tal como lo fue en su momento una propuesta similar en años anteriores y que fue “promocionada” por líderes de la orilla política opuesta a este Senador.

Nuestro país necesita y merece un sistema judicial fuerte, que esté por fuera de los “vaivenes” políticos, un sistema judicial en el cual exista un ente acusador que irradie fortaleza y credibilidad y que sea la “punta de lanza” para comenzar a poner “la casa en orden”, es prioritario que haya un acuerdo político real para que en Colombia comience a existir una Fiscalía para todos.

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