3.700 investigaciones judiciales por “falsos positivos” viene adelantando la justicia, Naciones Unidas estima que podrían llegar a ser 5.000 casos, que comprometen a 180 batallones y casi todas las brigadas existentes en Colombia; este fenómeno se extendió en 27 de los 32 departamentos que tiene nuestro país.
Estas son algunas de las escabrosas cifras que contiene el reciente informe de Human Rights Watch sobre Colombia, específicamente en el capítulo que señala la responsabilidad de varios generales y coroneles, entre ellos los comandantes actuales de las FF.MM. y del Ejército colombiano sobre uno de los episodios más aberrantes conocidos recientemente en occidente, como lo señala esta ONG.
Este informe que merece una respuesta acorde con su gravedad por parte del presidente Santos, desvirtúa la cómoda teoría de las “manzanas podridas” y ubica como una política de Estado el asesinato inmisericorde de gente humilde presentándola como guerrilleros “dados de baja” en combate, con el objeto de granjearse reconocimientos, vacaciones o beneficios en general, respondiendo a una directriz suscrita por el ministro de la Defensa Camilo Ospina del gobierno Uribe y a la macabra filosofía del inefable general Montoya, que sujetaba el buen desempeño militar a las “bajas logradas”.
Denuncia también este informe las dificultades en las investigaciones, por falta de colaboración de los militares cuanto menos y amenazas directas o actuaciones hostiles en muchos casos, así mismo, destaca la impunidad garantizada por la justicia penal militar, el mismo remedo de justicia que el ministro de Defensa saliente soñaba se encargará de conocer judicialmente estos execrables hechos que hoy tramita la jurisdicción ordinaria. A ello dedicó buena parte de sus iniciativas legislativas entre el 2013 y 2014 las que hoy constituyen un exabrupto a la luz de estas revelaciones.
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