Extorsión: en nombre de la paz

Desde el momento en que el Gobierno y las Farc firmaron el acuerdo general que dio inicio a las negociaciones en el 2012, el debate nacional sobre el propósito de paz ha colmado la agenda pública.

Paralelamente en la discusión política -en términos electorales-, mediática y de opinión floreció una tendencia a cimentar un imaginario colectivo que divide al país en dos: pro paz y contra la paz.

La paz se convirtió en una ficha política. El eslogan del presidente Santos “hay que ganar la paz” y el anuncio por todos los medios posibles de que él, en persona, es la garantía de la paz, es prueba de ello.

No es extraño, entonces, que en medio del debate presidencial el Gobierno anuncie que “están pensando en suspender las negociaciones hasta que pase la segunda vuelta”; la presión es de tal nivel, que diversos líderes tan disímiles como Antanas Mockus y Gustavo Petro anuncian su apoyo a Santos en nombre de la paz.

La paz es una política de Estado, no un proyecto de un gobierno o de un presidente específico. Afirmar que sólo Juan Manuel Santos está en capacidad de hacer la paz es un frentero acto de extorsión política con las herramientas de gobierno. ¿Acaso el proceso de fin del apartheid en Suráfrica se detuvo porque  Pieter Willem Botha dejó de gobernar para dar paso a Frederik de Klerk?

Existen cientos de ejemplos mundiales que demuestran que los procesos de paz son procesos de Estado, no de un gobierno o un gobernante de turno.

La valentía que demostró el presidente candidato Santos por iniciar el diálogo se desvanece cuando trata de hacernos creer que el que dialoga es él y no el Estado colombiano, desconociendo que el Estado somos todos.

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