El Foro sobre la descongestión carcelaria que hizo la Universidad Libre de Bogotá, con la asistencia del Fiscal General, el Defensor del Pueblo y la Ministra de Justicia, tiene que hacernos reflexionar sobre el explosivo hacinamiento en las prisiones. Entre los problemas sociales que comprometen al Estado para que emprenda prontas soluciones, como por ejemplo, las necesidades de crear efectivos sistemas de salud, garantizar el derecho pensional y proteger la educación, este no se puede dilatar ni un día más, porque no es lo mismo que el Estado le quede mal a los ciudadanos comunes, que lo haga con miles de personas recluidas hacinadas y acostumbradas a arriesgar sus vidas cuando algo exigen sin importarles las circunstancias. “Una sociedad decente se mide por el respeto a sus ciudadanos en una cárcel o en un hospital”.
Solucionar el hacinamiento en las cárceles requiere de políticas con destinación presupuestal y de estrategias que integren: la aprobación de leyes hacia una eficaz reforma a la justicia, la garantía del amparo de pobreza para los judicializados, la aplicación de políticas internas de clasificación de los detenidos según su peligrosidad y las circunstancias de comisión de los delitos, la implementación de programas de reeducación en los penales, la vinculación laboral de los reclusos a procesos productivos, la promoción de estímulos para aquellos empresarios que acojan laboralmente a los expresidiarios, entre otras. Combatir la criminalidad, más que normas represivas y cárceles, demanda políticas preventivas. No puede repetirse lo sucedido hace días en el centro de reeducación de menores Valle del Lili. En Colombia continuará el hacinamiento carcelario, si el Gobierno sigue pensando que basta con aprobar nuevas normas represivas y con la construcción de prisiones.
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