El país se alista para una nueva jornada electoral, la consulta anticorrupción, que por decreto del presidente de la República fue convocada para el próximo 26 de agosto.

Aún no se establece su costo, mientras los promotores de aseguran que el valor es cercano a los cuarenta mil millones de pesos, la Registraduría señala que podría llegar a los trescientos mil millones.

Pero ¿la consulta popular será efectiva para combatir la corrupción? Es claro que la corrupción no es un mal del siglo XXI, ha estado presente durante toda la vida republicana.

Es un problema cultural que se manifiesta a todo nivel, desde una junta de acción comunal hasta las corporaciones de mayor jerarquía como el Congreso de la República y las Altas Cortes.

Que todos los colombianos salgan a las urnas a votar una consulta no acaba con la corrupción, tampoco la reducción de salarios de altos cargos del Estado, es un mal endémico de nuestra sociedad que debe combatirse desde los hogares, en los colegios, en las universidades, para generar la cultura de la transparencia.

Por supuesto que la generalidad de los colombianos estamos de acuerdo con enviar a la cárcel a los corruptos y prohibir que contraten con el Estado, que el manejo de la contratación sea transparente, que el sector público rinda cuentas de su gestión y haya un límite de periodos para cargos de elección popular; pero para eso no se necesita una consulta popular y tampoco es el mecanismo idóneo en la consecución de dichos objetivos, por el contrario, el Estado tendrá que gastar una cifra alta de dinero que paradójicamente, podría terminar originando actos de corrupción.

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