Cada vez son más frecuentes los avisos en parques, postes y esquinas de los barrios a lo largo de la ciudad, en donde vecinos y comerciantes amenazan a eventuales ladrones con sendas palizas, en caso de que decidieren cometer sus fechorías en ese sector.

A su vez, es común encontrar noticias y videos en redes sociales, en donde ladrones son linchados por la turba energúmena o en donde carros atropellan a personas, en moto o a pie, a quienes la ciudadanía señala como delincuentes.

Existe una línea muy delgada entre la legítima defensa y la justicia por mano propia, línea que cada vez se vuelve más difusa ante la sensación generalizada de impunidad que campea en la sociedad.

Lo ideal sería poder confiar en la actuación de las autoridades, para garantizar el respeto por la vida y el patrimonio de quienes lo hemos trabajado con sudor y esfuerzo, sin embargo, la realidad nos muestra que la delincuencia desbordó la capacidad operativa de las instituciones encargadas de brindarnos seguridad.

Pero la culpa no es de la fuerza pública, es de un sistema colapsado que, como una espiral descendente, nos acerca a una situación de la que parece no encontrarse una solución adecuada: las estaciones de Policía se convirtieron en centros de detención con vocación de permanencia, en donde se presenta un hacinamiento del 500% o hasta más; en espacios diseñados para cinco personas terminan hasta veinte.

No hay donde meter un detenido más, en las cárceles el fenómeno es parecido. Por tal razón, cuando se captura a una persona por robarse un celular, por ejemplo, muchas veces se opta por dejarlo ir, porque no se tiene un espacio para dejarlo y eso se convierte en un problema para el agente de Policía, ya que la seguridad y bienestar de ese capturado pasan a ser su responsabilidad y ese agente u oficial termina con un riesgo jurídico muy alto de que se le abra un eventual proceso disciplinario, incluso penal, si algo llegare a pasarle a ese capturado, por ello, reitero, muchas veces se opta por dejarlo en libertad, porque desafortunadamente nuestros agentes de la ley deben sopesar entre un capturado más, que no hay donde meter, y el riesgo al que se somete mientras le ubica un espacio para su detención; no sería mala idea pensar en brindarle apoyo jurídico desde la administración distrital a los miembros de la fuerza pública que se vean sometidos a investigaciones por cuenta de esta situación, que claramente no es creada por ellos.

Cuando un detenido recupera su libertad o es trasladado a una penitenciaría, debe valorarse, si el espacio que se abrió en una estación debe llenarse con un ladrón o esperar a que llegue una persona a la que se le endilgue un delito más grave. Una disyuntiva similar aqueja a los jueces de control de garantías. Por ello la altísima tasa de reincidencia que se presenta en delitos como hurtos y extorsiones.

Entre tanto, los vecinos y los comerciantes pierden su esperanza en la justicia, y en las autoridades en general y sienten que es mejor darle una paliza a un ladrón que avisar a la Policía. La impunidad tiene el efecto de hacer que la gente pierda la confianza en sus autoridades y en su sistema de justicia y con ello viene, también, la pérdida de esperanza.

Mientras no se habiliten espacios para la detención transitoria de personas capturadas por delitos de alto impacto social, como el hurto en todas sus modalidades, nada ganamos con tener más policías, puesto que sus manos estarán atadas y continuaremos viviendo una realidad distópica en donde las víctimas, presas del desespero, aspiran a convertirse en victimarias.

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