En Colombia hay muchas cosas que podríamos considerar en “vía de extinción”, algunas de ellas por los distintos cambios generacionales derivados por las dinámicas del tiempo.

Hay otras que tienen que ver mucho más con el aspecto económico, y a lo largo de las últimas décadas se ha aceptado como un factor fundamental para el crecimiento sostenible (económicamente hablando) de un país, por ejemplo, aquellas que van estrechamente compenetradas con la existencia de una base de clase media amplia y consolidada en su territorio que permita generar un dinamismo importante en sus factores de consumo.

En este sentido el premio Nobel de economía, Angus Deaton, planteó a la clase media como un factor determinante, básicamente porque amplía la base de consumo y ahorro que contribuyen en las posibilidades para que un Estado dote bienes y servicios que permitan la superación de umbrales de pobreza en el mismo.

Nuestro país en ese sentido, si bien ha estado rezagado no solo en la región sino a nivel mundial con la consolidación de una clase media que abarque un gran porcentaje de su población, en las últimas dos décadas ha dado unos avances en esta vía.

Vale la pena decir y recalcar que en gran medida ese rezago en la consolidación de una clase media en el país, se ha dado por la aberración estructural en la repartición de la riqueza que nos ha llevado históricamente a ser uno de los cinco países más inequitativos del mundo, situación que no parece dar señales de cambio en el corto plazo.

Los avances del país si bien son interesantes, no son suficientes, ya que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia en 2002 contaba con una base de clase media del 16,1% de la población, en 2015 del 27,2% y en 2019 del 30,4%, es decir, un poco menos de un tercio de la población colombiana se encontraba segmentada en este percentil, siendo una cifra que ronde el 60% algo adecuado para la sostenibilidad económica de una nación, y como vemos, aún estamos muy lejos de lograr la meta.

De igual forma, se debe tener en cuenta que gran parte de la población que ingresa en esa denominada “clase media”, es emergente y aún no estaba en proceso de consolidación por múltiples factores, por lo tanto, se encuentran en riesgo de devolver su avance y regresar a las gruesas líneas de pobreza de nuestro país.

Este riesgo se hizo realidad con la pandemia en 2020, la cual se ha extendido al 2021 y seguirá un tiempo haciendo presencia en nuestro territorio, dejando aún más vulnerable a esta población en proceso de consolidación.

Todo lo anterior enmarca la necesidad imperiosa para que el Estado colombiano no escatime en esfuerzos para minimizar el impacto en la clase media de nuestro país.

Estos esfuerzos incluyen la idea que, si bien hay una necesidad de financiar las políticas del Estado a través de una reforma tributaria, esta no tenga como base la afectación inmisericorde de este segmento de la población y de los más vulnerables a través de impuestos regresivos e inequitativos como el IVA a productos de la canasta familiar.

Es absolutamente inconcebible que el Ministerio de Hacienda, la mal llamada “comisión de expertos” y la Presidencia de la República, no sean lo suficientemente empáticos con el grueso de la población del país.

Estoy absolutamente seguro que hay otras formas, algunas de ellas probablemente menos ortodoxas, para buscar financiación de los programas del Estado, que simplemente afectando de manera inequitativa en el país más desigual de la región las posibilidades de subsistencia de su población.

Al paso que vamos por la pandemia, por la difícil situación migratoria que afronta el país, por el recrudecimiento de la violencia y por las medidas tomadas por el mismo gobierno en materia impositiva, podemos decir que la incipiente clase media colombiana está “en vía de extinción”.

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