En mora regulación de ‘alquiler de vientres’

Hace meses llegó al país una pareja de esposos que vive en Europa, buscando asistencia para tener un hijo mediante gestación subrogada; llegaron a un centro médico de Cali y empezaron una “travesía” con redes organizadas que encontraron allí un negocio lucrativo.

El alquiler de vientres es una práctica que se ha incrementado, pero el problema es que no existe una reglamentación para dicha actividad.

La Corte Constitucional estableció algunos parámetros al respecto en la sentencia T-968 de 2009, como el hecho de que la mujer gestante no puede tener problemas fisiológicos; los óvulos requeridos para la concepción no deben ser de quien presta su vientre, que debe desprenderse del recién nacido una vez se produzca el parto.

Quienes buscan ser padres deben asumir los costos, cuyo valor es variable, dependiendo de muchos factores podría alcanzar los 100 mil dólares. A su vez la mujer que facilita el útero, además de comprometerse a entregar al recién nacido, tiene que cuidar su cuerpo durante el embarazo.

La ley colombiana otorga la maternidad a la persona que da a luz y a su pareja, y los futuros padres deben impugnar la paternidad ante un juez. El delito en estos casos se configura cuando se falsifican documentos o se intenta salir del país sin la reglamentación requerida. Esto además abre las puertas para el mercado negro, permitiendo el tráfico con menores de edad.

La pareja que intentó conseguir el vientre para tener un hijo, después de tantos inconvenientes tuvo que regresar a Europa y está en la búsqueda de otra opción, un país donde existan reglas claras frente al tema.

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