Por razones del tamaño de su población y de su economía, Cali es la tercera ciudad de Colombia, sin embargo, el informe del Índice de Competitividad de Ciudades (ICC), establece que la capital del Valle es la sexta ciudad más competitiva del país, por detrás de Bogotá, Medellín, Manizales, Bucaramanga y Tunja.

Ciertamente la pandemia es el asunto de principal discusión en los foros de la ciudad y ha hecho que otros temas pasen casi inadvertidos, como el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2020, estudio que desarrollan la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad y cuyos resultados no se discutieron con mucha más atención que unas pocas notas de prensa y algunas opiniones especializadas en redes sociales.

La evaluación nos arroja datos que ilustran las fortalezas y debilidades que hoy enfrenta Cali para ser una ciudad más competitiva, que no es otra cosa que la capacidad local de atraer inversión, de innovar y de mejorar su productividad con respecto a otras ciudades, ¿y eso para qué? Para que seamos una ciudad con más oportunidades y empleo.

A Cali le va muy bien en diversificación de su oferta productiva, nos va bien en salud, en el tamaño del mercado, en su sistema financiero, en educación superior y en la calidad de sus instituciones. Sin embargo, nos va mal en tres aspectos: sostenibilidad ambiental, educación básica – media y en el entorno para los negocios, fundamentalmente por las dificultades para realizar trámites tales como registrar propiedades y facilidad para obtener permisos de construcción.

Cali debería estar dentro del top 3 y no en el sexto lugar, para lo cual requerimos hacer un esfuerzo mayor de articulación entre los distintos actores de la sociedad. Sectores público y privado, academia y la ciudadanía debemos hacer un pacto para que “la ciudad que nos queda luego de esta crisis llamada Covid-19” enfrente de manera más efectiva los retos que se nos presentan.

Esfuerzos hechos, como los de la pasada Administración Armitage a través del proyecto Mi Comunidad es Escuela y la promesa de esta Administración en el plan de desarrollo recientemente aprobado de destinar 3,1 billones al componente educativo, deben contribuir a que revirtamos esta tendencia de resultados desalentadores en la formación de la niñez y de la juventud caleña en los siguientes años. La calidad de la educación básica y su pertinencia deben ser parte de ese pacto que debemos acordar como ciudad.

En materia de trámites, la reciente aprobación de la Ley Antitrámites, impulsada por el pilo político vallecaucano y por primera vez representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri, debe darnos la pauta para avanzar en la sistematización de trámites y servicios. ¡No más cédulas al 150 % para hacer un trámite! Hoy solamente el 16% de los trámites de la Administración Pública en Cali se pueden hacer por canales virtuales. Menos tramititis, más eficiencia y más agilidad para las empresas, es una tarea fundamental por hacer.

En lo ambiental, el llamado es mucho más directo: proteger y recuperar los activos ambientales amenazados. Es la responsabilidad que tenemos de prolongar la calidad de vida de lo que los caleños orgullosamente llamamos “buen vividero”.

Es imperativo que las políticas públicas se guíen por este tipo de indicadores. Los recursos son limitados y se necesita seguir avanzando para recuperar la importancia que como ciudad hemos cedido.

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