El domingo 11 de marzo Colombia elegirá a 251 de los 268 congresistas, y la conformación de este Poder Público será fundamental no solo para recuperar la vigencia de la democracia en nuestra nación, sino también para contener y desmontar la ilegal imposición que del narcoterrorista socialismo del siglo XXI se quiere hacer en suelo colombiano.

Aunque no tanto como querían, algo han avanzado el alexitímico saliente, el cartel de la toga, y esa perversa unidad nacional en su propósito por entregarnos a las infames e impunes farc.

Durante la ilegal vigencia del fast track se “tramitaron” cinco reformas a la constitución, de las cuales solo dos han pasado por el estudio de la Corte Constitucional: Una, el blindaje jurídico del acuerdo – tratar de hacer intocable ese ilegal acuerdo, y dos, la creación de la JEP – impunidad para los degenerados reclutadores de menores de edad con fines sexuales y criminales de las farc, así como persecución para todos aquellos que durante 60 años impedimos a las farc hacerse al poder.

Durante la vigencia del fast track también se “tramitaron” cinco leyes ordinarias, destacándose la ley de amnistía e indulto – impunidad para la “guerrillerada”, voces de paz – participación de seis voceros de las farc en el Congreso, con voz pero sin voto, y el estatuto de la oposición – premios de consolación en Congreso, asambleas y concejos para quienes queden de segundos en las elecciones a Presidencia, Gobernación y Alcaldía.

No avanzaron más estos encubridores de narcoterroristas gracias a la solitaria, responsable, aguerrida, disciplinada y comprometida defensa que de nuestra institucionalidad y democracia sigue haciendo el Centro Democrático.

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