Por estos días, he notado que se han vuelto a poner de moda, como lo hicieron hace más o menos siete años, las maniobras y las intrigas que contra la Gobernadora Dilian Francisca Toro organizan con gran pasión antiguos y nuevos contradictores políticos.

En esta ocasión, y como ya lo anoté en una reciente columna, esos conspiradores y sus aliados de nuevo cuño no pueden soportar el éxito de la Gobernadora, quien, en medio de muchas dificultades, ha logrado contener y controlar la expansión del crimen en cuatro sitios críticos del Valle, al punto que, ya por este mes de agosto, se vislumbra la consolidación de una tendencia que, por sus razones mismas, irá silenciando las escaramuzas y pondrá en su sitio a los pocos que, desde el Senado y desde la Cámara, han convertido la inseguridad en una muletilla para fragilizar y, además, hacerle un inmenso daño a los vallecaucanos, las acertadas y audaces decisiones de la administración departamental para contener las cuatro formas criminales que hoy hacen presencia en Jamundí, Tuluá, Cartago y Buenaventura. Estas formas están lideradas por las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, fortalecidas por la dinámica de la Paz Total.

Ante este panorama, me puse en la tarea, tal como lo estoy haciendo con Cali, de indagar, con base en los informes de las autoridades competentes, la verdadera situación desde la perspectiva histórica de cómo le ha ido a la seguridad en los últimos diez años. Resulta que, para ser más claros, me encontré con que, precisamente durante la primera administración de Dilian Francisca Toro y la de Clara Luz Roldán, se ha consolidado un fenómeno que deberían conocer los conspiradores. Pues no es otra cosa que una reducción constante del homicidio en el Valle, pasando de una tasa de homicidios del 81% por cada 100 mil habitantes hasta el 40,58%.

Esto quiere decir que estamos ante un hallazgo de una reducción del 50% que no se ha presentado en ninguno de los otros departamentos del país y que, inclusive, es mucho más contundente que la de Cali y su área metropolitana. Pues, nada más, ahora se está asomando con éxito a bajar la tasa de 50 por cada 100 mil habitantes.

Lo anterior quiere decir, en números y en plata blanca, que en medio de las circunstancias criminales que caracteriza la sociedad vallecaucana y recurriendo a la aritmética común y corriente, hemos pasado en diez años de 3.562 a 1.882 homicidios, salvándole la vida aproximadamente a 1.600 vallecaucanos.

Estas cuentas, así de elementales, denotan particularmente en las dos últimas administraciones la importancia de la continuidad y de cómo esas cifras deben formar parte de los elementos validadores de la gestión de la actual gobernadora. Generan un respaldo muy grande, más cuando el presupuesto y la tasa de seguridad, que irrigan las siete estrategias de la actual administración, son una demostración de que el trabajo conjunto y articulado de las fuerzas militares, el alcalde de Cali y los alcaldes de los otros municipios del Valle es una plataforma llena de éxitos que contrarresta la desinformación y el despiste de los contradictores de la gobernadora.

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