El posconflicto

Con el voto unánime del Consejo de Seguridad de la ONU comenzó el 2016 con buenos augurios para el propósito de paz nacional. Esta decisión no solo implica el respaldo sin ambages de la comunidad internacional en esta dirección, sino el inicio de la fase final de la “inexorable” paz.

El gobierno del presidente Santos junto con los guerrilleros de las Farc están “ad portas” de firmar el histórico acuerdo que le pondrá fin a una guerra “inmemorial”, para dar comienzo al inefable “posconflicto”.

Esta “palabreja” servirá de aderezo de los discursos oficiales, copará la atención de contratistas, ONGs, académicos, filántropos; como también por adversarios del proceso, quienes como todos los demás, querrán sacar provecho de semejante coyuntura.

Las guerras las adelantan los ejércitos, las paces las suscriben los guerreros y las posguerras deben protagonizarlas quienes padecieron las violencias: los pueblos. Los gobiernos de la Colombia de hoy, en representación de los intereses de sus comunidades, tienen la obligación de gobernar para la paz.

Todo lo que hagan estos gobernantes recién posesionados configurará el horizonte del misterioso posconflicto. Así de sencillo es, por tal razón sus actuaciones deben estar centradas en el propósito de atender a las comunidades olvidadas, a los habitantes del campo colombiano asistidos solo por la violencia, a los pobres que conforman las mayorías de nuestras urbes deshumanizadas.

En síntesis, el “posconflicto” es la oportunidad que Colombia tiene de recurrir a la democracia, como aquel proyecto político imperfecto, pero el mejor de los ensayados hasta hoy en nuestra cultura, para suturar las heridas de la violencia y gobernar por fin pensando en sus sufridos pueblos.

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