¿Quién vigila al poder cuando el propio Estado tiene la capacidad de vigilar a los ciudadanos?

En Colombia, esta pregunta adquiere una dimensión particular cuando se examina lo ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro y las denuncias sobre el presunto uso de espacios institucionales para promover declaraciones contra sus adversarios políticos.

Para nuestro partido, la pregunta no es abstracta.

Álvaro Uribe Vélez, aparece entre los dirigentes mencionados en las denuncias relacionadas con las reuniones de Valledupar.

Pero el asunto trasciende su nombre y el de cualquier organización política: compromete las garantías que debe tener toda oposición frente a un Gobierno que dispone de recursos, información reservada y capacidades institucionales que no pueden utilizarse para obtener ventajas partidistas.

Las denuncias conocidas en octubre de 2026 señalan que, durante reuniones realizadas en Valledupar en 2025, funcionarios del gobierno de Gustavo Petro habrían solicitado a antiguos comandantes paramilitares que formularan declaraciones públicas contra Álvaro Uribe, Abelardo De la Espriella y Germán Vargas Lleras.

Salvatore Mancuso y su abogado, Juan Carlos Villamizar, respaldaron públicamente aspectos de esa versión.

Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, también ha realizado señalamientos relacionados con esos encuentros.

La gravedad de estas afirmaciones exige una investigación rigurosa.

No corresponde presentar como probada una responsabilidad que debe establecer la justicia, ni atribuir automáticamente al entonces presidente cada actuación de sus funcionarios.

Corresponde esclarecer quién convocó las reuniones, qué se solicitó realmente, si hubo instrucciones superiores y si existieron presiones u ofrecimientos indebidos.

Pero tampoco podemos restarle importancia a lo denunciado.

Si se demostrara que recursos o espacios institucionales fueron utilizados para promover acusaciones contra adversarios políticos, estaríamos ante un problema que comprometería las reglas fundamentales de nuestra democracia.

La oposición no puede depender de la tolerancia del gobernante de turno. Debe estar protegida por las instituciones y por la ley.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, la confrontación entre el Ejecutivo y distintos sectores de oposición marcó buena parte del debate público.

Las diferencias políticas son legítimas; lo que no puede normalizarse es que la confrontación desborde los límites institucionales.

Por eso, las denuncias sobre el denominado Pacto de Valledupar deben examinarse con especial atención.

La posibilidad de que antiguos comandantes paramilitares fueran convocados para formular señalamientos contra dirigentes políticos plantea preguntas sobre el uso de los mecanismos de paz, la independencia de los testimonios y la responsabilidad de quienes ejercían funciones públicas.

No basta con preguntar si las acusaciones contra determinados dirigentes eran verdaderas o falsas.

También hay que establecer si existió algún intento de orientar las declaraciones de los antiguos comandantes y si se pretendió utilizar su pasado, su posición judicial o sus expectativas frente a la justicia como instrumento de una disputa política.

La verdad sobre el paramilitarismo es demasiado importante para convertirse en patrimonio de un Gobierno o de un partido.

Las responsabilidades históricas deben esclarecerse mediante pruebas y procedimientos legales, no mediante operaciones de opinión pública diseñadas para perjudicar a unos dirigentes o favorecer a otros.

Esta exigencia es particularmente relevante para el Centro Democrático.

Defender las garantías de Álvaro Uribe y de quienes integran la oposición no significa reclamar inmunidad frente a las investigaciones ni negar la obligación de responder ante la justicia.

Significa exigir que cualquier señalamiento se tramite con garantías, que las pruebas se valoren con rigor y que nadie sea declarado culpable por conveniencia política.

La misma regla debe aplicarse a todos, sin distinciones ideológicas.

¿Quién vigila a quienes vigilan?

La controversia de Valledupar coincide con las denuncias sobre presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno Petro.

La auditoría forense ordenada por la administración de Abelardo De la Espriella busca establecer si hubo extralimitaciones en el manejo de información reservada y posibles seguimientos a opositores, periodistas y otras figuras públicas.

Son asuntos relacionados, pero no idénticos.

Las acusaciones sobre las reuniones con antiguos comandantes paramilitares y los hallazgos atribuidos a la auditoría de inteligencia deben investigarse por sus propios méritos.

Ninguno permite anticipar la responsabilidad de personas concretas sin pruebas suficientes.

Lo que sí comparten es una pregunta institucional: ¿qué controles existen cuando funcionarios del Estado tienen acceso a información que puede afectar la privacidad, la reputación y los derechos de los ciudadanos?

Un organismo de inteligencia debe proteger la seguridad nacional, prevenir amenazas y actuar dentro de la Constitución.

No puede convertirse en una herramienta para vigilar adversarios por sus ideas, identificar contradictores por su filiación política o construir ventajas para quienes gobiernan.

Y aquí el país necesita claridad.

Si hubo seguimientos ilegales, deben establecerse sus responsables.

Si se emplearon recursos públicos para fines particulares, deben determinarse las consecuencias.

Si las acusaciones no se sostienen, también debe decirse.

Una auditoría puede aportar indicios; las autoridades competentes deben establecer los hechos y sus implicaciones jurídicas.

Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de las relaciones entre actores armados ilegales, dirigentes políticos y sectores de la institucionalidad.

El caso de Salvatore Mancuso recuerda que el esclarecimiento de esas relaciones sigue siendo una tarea pendiente.

Las víctimas del paramilitarismo merecen conocer la verdad, recibir reparación y saber quiénes fueron responsables de la violencia.

Esa tarea no puede quedar subordinada a la agenda de un Gobierno, a los intereses de una campaña o a la conveniencia de una organización política.

Por eso, las denuncias deben investigarse sin favoritismos.

Si hubo presiones para orientar testimonios, hay que establecerlo. Si se ofrecieron beneficios indebidos, hay que determinarlo.

Si funcionarios actuaron al margen de sus competencias, deben responder conforme a la ley.

Y si las acusaciones no pueden acreditarse, las personas señaladas también tienen derecho a que esa conclusión sea reconocida.

Desde el Centro Democrático tenemos razones para exigir que la oposición pueda ejercer su función sin temor a que las capacidades del Estado se conviertan en instrumentos de persecución.

Pero esa defensa tendrá verdadera solidez si se fundamenta en principios que puedan aplicarse a cualquier Gobierno, incluidos aquellos con los que tengamos coincidencias.

Los presidentes pasan. Los partidos cambian. Las mayorías se transforman. Las instituciones, en cambio, deben permanecer al servicio de todos los ciudadanos.

Por eso, la pregunta inicial no puede responderse con un nombre propio ni con una consigna partidista.

Al poder deben vigilarlo la ley, los jueces independientes, los organismos de control, la supervisión democrática y una ciudadanía libre de intimidaciones.

La inteligencia del Estado no pertenece al presidente.

La justicia no puede convertirse en instrumento del petrismo, ni de ninguna otra corriente política.

Y ningún gobernante debe tener la última palabra sobre los límites de su propio poder.

Comments