Mario Germán Fernández De Soto

El desastre del transporte aéreo

Mario Germán Fernández De Soto

No puede ser posible que una aerolínea venda sus servicios y cancele pocos minutos antes sus operaciones dejando sin la posibilidad de transportarse a miles de viajeros que confiaron en una compañía que puso en tela de juicio su reputación.

Así ocurrió con Viva Air que sin ninguna explicación para sus clientes los dejó varados en las terminales sin respuestas satisfactorias ante tal despropósito.

Más allá de las investigaciones y sanciones respectivas que deben tomarse por las autoridades, la gran incógnita es: ¿Quién pagará por el tiempo perdido, gastos de hoteles y devolución del dinero?

El Mintransporte debe intervenir el mercado aéreo para regular con mayor rigurosidad la situación irresponsable de esta aerolínea y garantizar los derechos de los viajeros quienes han sido perjudicados no sólo pecuniariamente sino por la desconfianza generada en el transporte aéreo, el que debe ser un servicio eficiente y oportuno debidamente reglamentado por el Estado y vigilando por las instancias correspondientes para garantizar su desempeño en la manera y momento en que fue debidamente contratado por los usuarios, que siguen viviendo situaciones de dificultad ante circunstancias de carácter administrativo, operativo y financiero de una aerolínea.

No creo que argumentar la responsabilidad de la Aeronáutica Civil por el trámite de la integración con Avianca sea lo suficientemente válido para suspender de un momento a otro sus vuelos dejando sin el servicio a más de diez mil personas que confiados en la normatividad vigente acudieron a comprar tiquetes.

El gobierno nacional debe actuar con la mayor contundencia porque ninguna empresa que presta este tipo de servicios puede exonerarse de su cumplimiento, cuando tiene el deber legal de su prestación.

Tampoco se justifica que el representante de Viva Air excuse la devolución de tales dineros porque no cuenta con los fondos suficientes amparado en que debe proceder a la liquidación de sus empleados.

Por supuesto que deben pagarse las prestaciones de todo orden a quienes tienen legalmente los derechos adquiridos; pero lo que no se puede permitir, es que se burlen de los usuarios quienes han confiado tanto en la compañía mencionada como en la regulación del transporte aéreo en Colombia.

Estos lamentables episodios no pueden seguir ocurriendo con la benevolencia del Estado colombiano cuando no se cumple con la legislación vigente por la irresponsabilidad de una empresa que vendió anticipadamente sus servicios, recibió el dinero; no cumplió con sus obligaciones y ahora, aduce que no reintegra la plata porque debe primar la liquidación de sus empleados.

Viva Air debe responder por todas sus obligaciones comenzando por devolver la confianza a los miles de viajeros y reintegrar los dineros recaudados más los perjuicios e intereses que tienen la obligación.

Los viajeros de buena fe quienes hoy siguen esperando respuestas del gobierno nacional son los primeros que deben atenderse para resarcir sus daños y perjuicios devolviendo la credibilidad y confianza en el transporte aéreo de la nación, del cual es garante el Estado colombiano.

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