El escritor Héctor Abad Facciolince reflexionaba hace dos semanas en su columna dominical de “El Espectador”, sobre, según él, la existencia exagerada de abogados en el país, agregando, además, que era preocupante que muchos de estos están saliendo de sus facultades con una ética profesional cuestionable. Siempre se ha dicho en distintos medios, que el país requiere más técnicos, sobre todo por el gran avance de la tecnología que no está permitiendo que nadie ni nada se quede rezagado ante el mundo globalizado que nos ha impuesto la modernización.

Posiblemente el señor Abad tenga algo de razón cuando pide restringir facultades de derecho para evitar la sobredimensión de tanto abogado, al menos mientras se normaliza la cantidad existente de profesionales del derecho. Esa puede ser una solución comprensiva para un país como el nuestro que hoy, más que nunca, necesita menos retórica. Es preocupante que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura publique en su página web las grandes cantidades de sanciones impuestas a abogados, funcionarios y auxiliares de la justicia, desde enero de 1992 hasta abril del 2019. Es una voz de alerta para la justicia, la que indudablemente atraviesa por una crisis preocupante debido a conductas inadecuadas, irresponsables, ilegales y antiéticas. Sostengo, además, que con esos ejemplos que brindan los magistrados de las Altas Cortes (algunos de ellos son docentes en diversas universidades del país), con el “cartel de la toga”, por ejemplo, no solo le están creando problemas a la sociedad en general, sino creando profesionales convertidos en “mercenarios” sin moral ni amor por la profesión.

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