El carcelazo del gobernador Ubeimar

El carcelazo del Gobernador destapó la profunda desarticulación que rodea los pasillos del Palacio de San Francisco. Ni siquiera en los tiempos del gobernador Abadía, cuando se comentaba que iba poco a las oficinas, o en los seis meses del gobierno Useche, caracterizados por una crisis diaria, se puso a alguno de los mandatarios en las puertas de una prisión. Para quienes trajinamos tutelas, evitar un carcelazo a un gobernante es una tarea de simple comunicación. Siempre existen fallos en contra y nunca faltan las órdenes de arresto por el cúmulo de reclamaciones, pero es deber de la burocracia estatal hacer seguimiento minucioso a los procesos y mantener comunicación entre las dependencias para blindar al jefe máximo. Secretarios y jurídicos, deben coordinarse para mantener una fluida comunicación con los jueces que tramitan estas sanciones. Recuerdo que al gobernador Lourido siempre lo circundaron órdenes de arresto, pero sus equipos salían prestos a desmontar los motivos.

El carcelazo de Ubeimar se pudo evitar con una simple respuesta al derecho de petición, que muchas veces puede no contener solución inmediata por los tiempos de la función pública, pero que permite indicar el plazo en el cual se dará la definitiva. Si la respuesta ya se dio, basta explicar oportunamente, que ya no existe razón para una medida sancionatoria. Finalmente, está a la mano, la jurisprudencia de la Corte de que nadie está obligado a lo imposible.

Lo más ridículo del episodio, es que hubiera sido un ciudadano del común quien sacó al Mandatario mediante un habeas corpus, mientras desde la Gobernación se instauraba otra tutela que podría durar 30 días en resolverse.

El suceso envía un mensaje al gobierno departamental de que lo principal para avanzar es la articulación administrativa y la buena comunicación.

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