No es un número de emergencias o de asistencia que suele estar precedido por la tecla numeral, no. Tampoco el número ganador de un sorteo de dinero, servicio u objeto inimaginable, loterías que -dicho sea de paso- nos encantan jugar a los colombianos.
El título de esta nota corresponde al Decreto Ley 903, expedido el 29 de mayo en medio de una cascada de otros tantos similares y que establece en uno de sus artículos que los bienes y activos de las Farc no solo serían para reparar a las víctimas, sino también para el centro de pensamiento político del partido de las Farc. No soy experto en decretos, leyes u ordenanzas; de hecho soy poco afecto a este tipo de menesteres desde que leí en el Fausto de Goethe cómo Mefistófeles usaba las escrituras para inducir a pecar, en fin…
Volviendo al Decreto 903, como era de esperar un exabrupto de tal naturaleza no tardaría en generar un torrente similar, pero en esta oportunidad de críticas; entre muchas las del mismísimo Fiscal General de la Nación que lo calificó como de “lavado de activos”.
Si lo que reza el 903 se cumple, los colombianos presenciaríamos el lavado de activos más grande jamás concebido en la historia de la humanidad, un hecho sin precedente alguno y merecedor de un Record Guinness, un premio maravilloso que puede complementar el recibido en Oslo.
Voté No el pasado 2 de octubre justamente porque no estaba de acuerdo con la impunidad. Ahora, por inconveniencias como ésta, no me extraña que la aceptación del presidente Santos haya descendido a un histórico 12%, según Yanhass.
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