Educación en una ciudad para todos

La problemática que afecta a la educación caleña es un engendro que viene de pasadas administraciones que aplicaron mal la Ley 715 de 2001, porque la norma precisa que el Estado podía contratar la ampliación de cobertura con colegios privados sólo en aquellas comunas donde le era imposible prestar directamente el servicio.

Ahora Cali tiene aulas vacías y docentes oficiales sin asignación académica, mientras algunos dueños de colegios presionan al Secretario de Educación exigiéndole que les entregue los dineros públicos.

Hay que reconocer la entereza con que el doctor Edgar Polanco enfrenta tales presiones sin echar su brazo a torcer, demostrando que fue nombrado para defender lo público y que sus actos administrativos se fundamentarán con el principio constitucional de que el interés público primará sobre los particulares.

La cobertura contratada, que arrancó con 50 mil alumnos en el 2003 y ahora tiene 100 mil, evidencia cómo de manera ventajosa les mermó estudiantes a los colegios públicos, debido a la tardanza del Ministerio de Educación para decretar la gratuidad en las matrículas oficiales. Ahora algunos dueños pretenden que de manera indefinida el Estado les siga girando recursos, mientras la Secretaría de Educación informa que no existen 8 mil estudiantes de los relacionados por la cobertura privada.

Si Bogotá y otras ciudades frenaron este problema, Cali no puede rezagarse. Pero falta voluntad política de parte de los concejales para darle un espaldarazo a Polanco, mientras el Sutev no demuestra ese espíritu con que en otrora defendía la educación pública.

La Alcaldía ofrecerá una ciudad para todos, sólo cuando fortalezca los colegios públicos e impida que los contratantes particulares se lucren con los dineros de la educación.

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