Puede sonar extraño, pero Alejandro Eder también es, de alguna manera, un damnificado del terremoto.

No porque su situación sea comparable con la de quienes perdieron su vivienda o su patrimonio, sino porque hoy enfrenta la frustración de tener que responder a miles de personas que necesitan soluciones urgentes, sabiendo que muchas no dependen exclusivamente de la Alcaldía.

Hay que reconocerlo: la emergencia fue bien atendida. La búsqueda y el rescate movilizaron instituciones, organismos de socorro, empresas y ciudadanos.

Llegaron ayudas, se atendieron heridos y se habilitaron alojamientos. Pero la emergencia concentra la atención. La reconstrucción la dispersa.

Cuando las sirenas se apagan comienza una etapa mucho más difícil.

Para miles de damnificados, el terremoto sigue ocurriendo cada mañana: en el apartamento al que no pueden regresar, en el arriendo que deben pagar, en el crédito que continúa vigente, en el negocio cerrado o en el trámite que no avanza.

El dilema de las demoliciones lo demuestra.

Hay familias que, después de perder su vivienda, enfrentan ahora la incertidumbre sobre quién debe asumir el costo de demoler edificios inhabitables.

Y aquí aparece una verdad incómoda: el Estado no puede reemplazar cada vivienda perdida ni reconstruir cada patrimonio.

La voluntad tampoco basta. Hay normas, presupuestos, aseguradoras, bancos, estudios técnicos, responsabilidades jurídicas y competencias de diferentes niveles del Estado.

Por eso el gran desafío comienza ahora.

La reconstrucción tomará años y necesita algo diferente a la lógica de la emergencia: acompañamiento permanente, información clara, decisiones ágiles, articulación público-privada y soluciones financieras.

Porque el mayor riesgo ahora es que nos acostumbremos. Que los damnificados dejen de ser noticia y comiencen a enfrentar solos su nueva normalidad.

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